Una ley que prevé que las empresas que abonen un extra a sus empleados que utilicen la bicicleta para llegar al trabajo recibirán beneficios impositivos acaba de ser aprobada por la Asamblea Nacional francesa.
La medida forma parte de un ambicioso proyecto presentado por el gobierno del presidente François Hollande, que busca colocar a Francia como la campeona europea de la ecología, a través de un plan para reducir a la mitad el consumo nacional de energía para 2050.
En efecto, el proyecto de Transición Energética incluye una serie de medidas novedosas de gran simbolismo, entre las cuales figuran los incentivos al uso del ciclismo. Se espera que los empleados reciban un pago de alrededor de 25 centavos de euro -o 30 centavos de dólar- por kilómetro recorrido y, a cambio de esto, las empresas verán reducidas sus cotizaciones sociales.
Además, según reseña El País, las empresas con más de 100 empleados deberán presentar un plan que promueva el uso del transporte público, coche compartido o bicicletas. Las bolsas descartables también estarán prohibidas a partir de 2016 y los cubiertos de plástico a partir de 2020.
Fomentar el uso de la bicicleta se ha convertido en Francia, y más específicamente en París, en una prioridad incluso antes de la aprobación de esta disposición legal. En la capital se prevé reservar cada vez más espacios para aparcar este medio de transporte y, ahora, las empresas -y los trabajadores- van a obtener ventajas si promocionan su uso.
La Ley de Transición Energética, impulsada por la ministra de Ecología, Ségolene Royal, prevé también la instalación de unos 7 millones de enchufes de aquí a 2030, además del pago de una bonificación (que podría llegar a los 10 mil euros, según El País) por cambian un automóvil diésel por uno eléctrico.
La Asamblea le ha brindado un amplio apoyo a la ley, que ha sido aprobada por 314 votos contra 219, y que buscará aumentar las fuentes renovables hasta que éstas supongan el 40% del total, reducir el uso de combustibles fósiles en un 30% en quince años, renovar los edificios para ahorrar energía y reducir a la mitad los desechos para 2025.
El Senado tiene ahora que validar la norma aprobada, pero lo hará en una sola lectura y después la Asamblea le dará luz verde por procedimiento abreviado.
A pesar de los loables objetivos de esta legislación, las dudas que han surgido desde distintos sectores se concentran en el problema del financiamiento. En sólo tres años, de acuerdo con la información oficial, se espera que implique un gasto de 100.000 millones de euros.
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