Europa cree que Irlanda brindó a Apple facilidades fiscales ilegales

La Comisión Europea sospecha que el régimen fiscal que el gobierno irlandés pactó con la empresa de la manzanita para que sus filiales pagaran menos impuestos constituye una ayuda del Estado

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La Comisión Europea (CE) reveló hoy que sospecha que Irlanda acordó un régimen fiscal ilegal con el gigante norteamericano Apple para que dos de sus filiales en el país pagasen menos impuestos motivada por cuestiones relacionadas con el empleo, según una decisión preliminar de su investigación sobre este caso.

Las ventajas fiscales de las que se beneficiaron Apple Sales International (ASI) y Apple Operations Europe (AOE) durante más de veinte años "habrían estado motivadas por consideraciones de empleo, lo que no es un razonamiento basado en el principio de trato en condiciones de igualdad", que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda que se respete, asegura la CE.

El Ejecutivo comunitario explicó que si la investigación en profundidad que abrió en junio confirma sus sospechas, Irlanda tendría que modificar el régimen fiscal y quizá recuperar parte de la ayuda concedida a las filiales de Apple.

La CE teme que las autoridades fiscales irlandesas aceptasen un cálculo del beneficio neto de las filiales de Apple, un elemento que influye a la hora de determinar la base imponible en Irlanda, sin exigir "ningún tipo de razonamiento" por parte de la compañía.

La manera de calcular la asignación de beneficios de ASI y AOE es resultado de una "negociación" más que de una metodología de precio, lo que refuerza la idea de que el sistema acordado por ambas partes no respeta el principio de la OCDE ni sería aceptado por un operador normal del mercado.

Además, la CE incide en que la duración de los regímenes fiscales pactados en 1991 y 2007 no tenían fecha de caducidad, a diferencia de los aplicados en otros Estados miembros de la Unión Europea (UE), que solían durar de media entre tres y cinco años.

"La visión preliminar de la Comisión es que las decisiones fiscales de 1991 y 2007 en favor del grupo Apple constituyen una ayuda de Estado", sostiene la Comisión en la versión no confidencial de su decisión de apertura de la investigación, que firma el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia.

Bruselas recalca asimismo que "tiene dudas sobre la compatibilidad de tal ayuda de estado con el mercado interno".

La CE recuerda que las ayudas de estado pueden ser consideradas compatibles con el mercado interno si se aplican en los casos excepcionales permitidos por el Tratado de la UE, al tiempo que recalca que "no tiene ninguna indicación de que las medidas impugnadas puedan ser consideradas compatibles con el mercado interno".

"Las autoridades irlandesas no han presentado ningún argumento que indique que algunas de las excepciones previstas en los artículos 107.2 y 107.3 del Tratado de la UE sea aplicable al presente caso", añade.

La investigación de Bruselas se centra en concreto en los llamados "acuerdos previos sobre precios de transferencia", que fijan las tasas que se aplican a determinadas transacciones comerciales entre filiales del mismo grupo, e influyen a la hora de determinar la base imponible.

Varias multinacionales como Apple, Amazon, Google y Starbucks han sido criticadas por minimizar el pago de impuestos a través de oficinas en otros países que gozan de mejor trato fiscal.

El régimen fiscal de países como Irlanda y Holanda ha motivado protestas de otros socios europeos en numerosas ocasiones por el reducido impuesto de sociedades que aplican a las empresas establecidas en su territorio, aunque las respectivas autoridades nacionales han defendido insistentemente la transparencia y validez de sus sistemas.

El Gobierno irlandés reiteró este lunes que no ha infringido la legislación de la UE sobre la concesión de ayudas estatales a multinacionales como Apple.

Tras la publicación de hoy en la página web de la CE, el texto aparecerá en unas semanas en el Diario Oficial de la UE, y a partir de entonces las terceras partes implicadas tendrán un mes para remitir sus comentarios a la Comisión.