El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quedó en la mira de la Justicia en una denuncia por enriquecimiento ilícito. La supuesta compra de una estancia, que finalmente se comprobó que fue una operación "inexistente", activó las alarmas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
El funcionario y precandidato a Presidente había sido denunciado ante el juez federal Julián Ercolini por la compra de la estancia "Las Acacias", en la localidad bonaerense de Vedia. La causa había sido cerrada por el magistrado hasta tanto se consiguiesen más elementos de prueba. Ahora los camaristas de la Sala II Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira ordenaron entregar los anexos "secretos" de los bienes de Randazzo desde su arribo a la función pública.
El Poder Judicial le ordenó a la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, que suministre esos "anexos reservados" de la declaración del responsable del área de transporte, en una resolución que trascendió esta mañana.
"Una interpretación armónica de los intereses en juego lleva a sostener que no puede entenderse que la restricción del acceso a los anexos reservados de las declaraciones juradas patrimoniales comprenda a la FIA, puesto que no parece razonable inferir que esa reserva pueda serle oponible a un órgano de control externo de la Administración Pública nacional que forma parte del Ministerio Público Fiscal y que tiene por función primordial la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad", sostuvo el fallo del tribunal de alzada.
"Es preciso reparar en que la restricción del acceso a los anexos reservados tiene por objeto prevenir ataques a la seguridad de los funcionarios públicos que podrían sobrevenir si cualquier persona tuviera acceso irrestricto a ciertos datos sensibles, pero de ninguna manera fue el objetivo de la ley obstaculizar a quienes tienen a su cargo -por mandato constitucional y legal- el control de la legalidad y la defensa de los intereses generales de la sociedad las investigaciones de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración sujetos a su jurisdicción", destacó la Cámara.
Respuesta oficial
Tras conocerse esta información, el ministerio de Interior y Transporte difundió un comunicado con varios puntos para "aclarar varias cuestiones":
1) En el año 2009, ni bien se difundió la falsa noticia, Randazzo inició una causa judicial por daños y perjuicios contra el autor de la misma, Adrián Eduardo Duhalde, entonces titular de la Sociedad Rural de Vedia (causa 6478/2010)
2) El demandado Duhalde se retractó sobre sus dichos y pidió disculpas en sede judicial. No obstante ello, Randazzo decidió seguir adelante con la demanda.
3) El Ministro del Interior y Transporte ganó dicho juicio tanto en Primera Instancia (Juzgado Civil Nº40 a cargo del juez Horacio Liberti) en diciembre de 2012, como en Cámara Civil (Sala F, integrada por José Luis Galmarini, Fernando Posse Saguier, y Eduardo Zannoni) en diciembre de 2013.
4) En el proceso judicial quedó acreditado que se trató de una acusación falsa y maliciosa en plena discusión con el sector agropecuario.
5) La Justicia, luego de trabarle un embargo a Duhalde, ejecutó la sentencia contra el demandado, que consta del pago de 113.022 pesos en concepto de indemnización y costas, y esos fondos se encuentran depositados en una cuenta del Banco Nación y a disposición judicial desde el 26 de septiembre de 2014 en los autos caratulados "Randazzo A Florencio contra Duhalde Adrián Eduardo por daños y perjuicios".
6) Randazzo, tal como se comprometió públicamente, donará la próxima semana esa suma al Patronato de la Infancia de Chivilcoy, su ciudad natal.
7) La causa que se inició en su momento para determinar si el funcionario nacional se había enriquecido ilícitamente parte de la falsa acusación de compra de la estancia "Las Acacias" que, como consta en sede judicial, no tiene ningún sustento.
8) Más allá de eso, y como siempre sucedió, Randazzo estuvo, está y estará a disposición de lo que la Justicia requiera.
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