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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que avanzará en la regulación de los medios de comunicación si logra ser reelegida para un segundo mandato, con el fin de incentivar el pluralismo pero sin influenciar en el contenido editorial, informaron medios locales este sábado.
Una nueva ley de medios ha estado sobre el tapete desde que Rousseff asumió el cargo en enero de 2011 y, según dijo en un encuentro de blogueros este viernes, intentará impulsar este proyecto si consigue vencer a Marina Silva, su principal rival en los próximos comicios.
Polémicas leyes de este tipo han sido aprobadas con anterioridad en países aliados del gobierno brasileño, como Argentina y Ecuador. Allí, estas normativas han redundado en un estrangulamiento de las opiniones contrarias a los gobiernos y ésto les ha valido una fuerte crítica internacional.
No obstante, Rouseff dijo que su intención no es influenciar en el contenido, sino crear un marco normativo que rompa con la gran concentración "asimétrica" de la propiedad de los medios, que según ella es negativa.
"Regular contenido es algo de las dictaduras"
"Regular contenido es algo de las dictaduras", dijo Rousseff, quien detalló que el gobierno quiere elaborar regulaciones financieras "para evitar que se den oligopolios".
Los medios brasileños atravesaron un periodo de mucha censura durante la dictadura militar entre 1964 y 1985, y actualmente pertenecen a poderosas e influyentes familias locales.
Muchos de estos medios son a menudo críticos con el gobierno de Rousseff y con su oficialista Partido de los Trabajadores.
En relación a la carrera por la presidencia, los últimos sondeos sugieren que Rousseff ha pasado nuevamente al frente en la contienda electoral que se celebrará la próxima semana.
Una encuesta de
este viernes le dio un
y por primera vez le dio también
(47% frente a 43%), aunque el margen de error del dos por ciento de la encuesta sitúa a ambas candidatas en un empate técnico.
La candidata Marina Silva, del Partido Socialista Brasileño (PSB), se había convertido en la primera amenaza real en 11 años de poderío del Partido de los Trabajadores en el gobierno.