El autor es presidente de IERAL (el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea)
Cuando en cualquier país la población desea conocer datos precisos actuales e históricos respecto a la tasa de inflación, el crecimiento de la producción, la tasa de desempleo o la tasa de pobreza, recurre a las estadísticas publicadas regularmente por su organismo estadístico oficial. No es el caso de Argentina en los últimos 8 años, en que es de público conocimiento que el INDEC no genera estadísticas confiables sobre varias de tales importantes cuestiones.
Cuando en cualquier país los agentes económicos desean saber qué pasará con la cantidad de dinero, las tasas de interés, el tipo de cambio y la inflación en los siguientes meses, recurren a analizar al programa monetario de su Banco Central. En la Argentina de los últimos años esa previsión no resulta de mucha utilidad, por cuanto las autoridades del BCRA han aumentado considerablemente su grado de discrecionalidad en la ejecución de la política monetaria (así como la injerencia del Ministerio de Economía sobre el mismo), incumpliendo normalmente sus metas monetarias originales.
Cuando en cualquier país su sociedad desea saber cuánto y en qué gastará su gobierno el dinero de los contribuyentes, con qué presión tributaria, y con cuál resultado fiscal y nuevo endeudamiento, consulta el Presupuesto Fiscal aprobado por su Poder Legislativo. Salvo que se trate de la Argentina de los últimos años, en que los supuestos macro sobre los que se construyen las proyecciones fiscales son inconsistentes y dan lugar normalmente a una subestimación de los ingresos y las erogaciones, con el objeto deliberado de maximizar luego el monto de dinero que puede asignar discrecionalmente el Poder Ejecutivo, haciendo uso de sus superpoderes.
Así, la sociedad argentina no cuenta con datos oficiales confiables con los cuales informarse en materia económica y sobre los cuales formar sus proyecciones y expectativas para períodos futuros, de modo que cada individuo debe imaginar su propio escenario, otorgando dimensión propia a cada variable, induciendo de esa forma factores adicionales de volatilidad económica.
El proyecto de presupuesto nacional para 2015 no es la excepción. Prevé una inflación del 15% anual, cuando en 2014 se acercaría al 40 por ciento. También prevé que el tipo de cambio suba aproximadamente 15% el año que viene, a un nivel promedio de $9,45 pesos por dólar, un valor que muy probablemente se alcance bastante antes en el tiempo, inclusive en el año actual. Supone también una suba del PIB real del 2,8% el año próximo, cuando en 2014 podría caer entre 2,0 y 2,5%. Menos creíble aún resulta la previsión de que el consumo suba 4,5% en 2015, en un año en que difícilmente puedan recuperarse los salarios reales.
Con un PIB nominal subiendo menos del 18%, resulta difícil explicar por qué la recaudación tributaria lo haría un 28% anual. ¿Se está pensando en una nueva suba de la presión tributaria? ¿O se trata simplemente de burdas inconsistencias que surgen cuando se intenta cerrar variables construidas a partir de supuestos poco confiables? Más probablemente se trate del último caso.
Según el proyecto de presupuesto, el gasto primario subiría 13% en 2015, 18% el gasto corriente y 12% el de capital. Se destaca un fuerte aumento del gasto de la Anses, de casi 30% anual.
En las transferencias discrecionales a provincias, las de carácter corriente subirían un 60%, y las de capital sólo 8 por ciento. El primer guarismo podría mostrar previsiones de mayores ayudas a provincias con problemas financieros (ayudas arbitrarias, seguramente), mientras el segundo un ajuste real en el gasto en obras públicas.
El gasto en servicios económicos caería 1% en 2015, destacándose las previsiones en materia de transporte, que crecería 11% anual, mientras bajaría 17% en energía. Si estas cifras resultaran fiables, podrían estar preanunciando una profundización en los ajustes de las tarifas de gas y electricidad. Pero mejor esperar a ver qué ocurre en realidad, la experiencia de años recientes aconseja no confiar demasiado en las previsiones presupuestarias nacionales.