Provincias cederán el acarreo y la confección de licitaciones para la nueva Ley de Hidrocarburos

Esta vez, la cuarta fue la vencida: el gobierno nacional y las provincias agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) llegaron a un acuerdo y pusieron la firma para que el cuarto borrador de la nueva Ley de Hidrocarburos sea llevado al Congreso y las Legislaturas de cada distrito.

Después de un día de maratónicas y fervorosas negociaciones, la administración de Cristina Kirchner cerró un principio de acuerdo que cumple en gran parte las aspiraciones de YPF: los gobernadores cederán su independencia para la elaboración de licitaciones de yacimientos y se eliminará en gran parte el sistema de acarreo. El cuestionado mecanismo le permitía a las empresas petroleras provinciales participar en un 10% o 20% de la explotación privada de yacimientos sin aportar capitales. Podrá seguir en funcionamiento en aquellos proyectos que ya están en marcha.

Para la licitación de nuevas áreas se utilizará un contrato modelo. Las nuevas concesiones de áreas se realizarán por un período de 25 años, con la posibilidad de extenderlo por 10 años más.

Además, el proyecto – que reformará a la ley de 1961 – impedirá que las provincias retengan áreas sin licitar para favorecer a sus compañías y pondrá un límite a la creación de impuestos locales. Aunque ya no podrán crear nuevas tasas, la Ofephi consiguió quedarse con el cobro de Ingresos Brutos y el Impuesto al Sello.

Para compensar la merma de ingresos en las arcas provinciales, el gobierno nacional determinó que la participación de las provincias en la renta petrolera se dará con el cobro de un 12% de las regalías, con la posibilidad de sumar un 3% tras la prórroga de cada concesión, con un tope máximo de 18% por ciento. Aunque lo intentaron hasta última hora, los gobernadores no consiguieron elevar aunque sea un punto esos porcentajes.

El borrador también determina que los concesionarios deberán pagar a las provincias un bono sobre las reservas probadas remanentes y determina que se eleve de 0,5% a 2% el aporte que las empresas realizan a la provincia en concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

También se otorgará rango de ley a los beneficios contemplados en el Decreto 929/2013 y se ampliará su alcance a los proyectos superiores a u$s250 millones. Como punto principal tiene la libre disponibilidad de divisas del 20% del total en los proyectos convencionales y no convencionales y del 60% para proyectos offshore. Otorga, además, facilidades para la importación de maquinaria.

Al retirarse de YPF, los gobernadores de Mendoza, Francisco Pérez, y de La Pampa, Oscar Jorge, coincideron en destacar que el proyecto "elimina incertidumbres, ya que da certezas a los inversores en los proyectos de puesta en producción de yacimientos no convencionales" para lograr el autoabastecimiento energético, sustituir importaciones y generar un importante ahorro de divisas.

El acuerdo se consiguió luego de tensas negociaciones entre los gobernadores, a raíz de los condicionamientos manifestados por el neuquino Jorge Sapag, quien había expuesto su disconformidad con algunos aspectos del proyecto oficial y se retiró de la reunión, a la que regresó cerca de las 18:30. Previamente, algunos gobernadores se habían reunido en la Casa de Mendoza en Buenos Aires.

Según reveló Pérez, durante ese encuentro "hubo teléfono abierto con Buzzi (presidente de la Ofephi) y Galuccio" para precisar cambios al borrador del proyecto (modificatorio de la ley 17.319) y adecuar su texto para la producción de yacimientos no convencionales y los off-shore.

Del encuentro en Casa Rosada participaron por el gobierno nacional la Presidente; el ministro de Economía, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Por la Ofephi estuvieron, además de Pérez y Jorge, los gobernadores de Chubut, Martín Buzzi; de Neuquén, Jorge Sapag; de Río Negro, Alberto Weretilneck; y de Jujuy, Eduardo Fellner, además del vicegobernador de Salta, Miguel Costas Zottos, y funcionarios de otras provincias productoras.