S&P rebajó la nota de Venezuela a CCC+, "la categoría especulativa de alto riesgo"

Standard & Poor's bajó el martes la nota soberana de largo plazo de Venezuela a CCC+ desde B- por el continuo deterioro de la situación económica. La agencia de calificación dijo que su evaluación tomó en cuenta una caída de la liquidez externa del mayor exportador de petróleo de América Latina y una creciente inflación, que espera que alcance hasta el 65 por ciento a fines este año y no baje en los próximos dos a tres años.

"La recesión económica, la alta inflación y las crecientes presiones sobre la liquidez externa seguirán erosionando la capacidad del Gobierno para pagar sus obligaciones externas en los próximos dos años", explicó S&P en el texto de su decisión. La calificadora agregó que el panorama refleja la posibilidad de que las distorsiones económicas y la persistente polarización política incrementen el riesgo de un incumplimiento de la deuda del Gobierno en los próximos dos años.

Esta decisión, que ubica al país en la categoría especulativa de alto riesgo, podría llevar a una contracción de la economía de hasta un 3,5 por ciento este año, de acuerdo con lo consignado por la agencia de noticias Reuters.

El panorama se agrava en Venezuela. Entre bonos soberanos y de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), el gobierno de Nicolás Maduro deberá pagar 6.440 millones de dólares en octubre, un tercio de los u$s20.800 millones de reservas declaradas en divisas.

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La economía venezolana enfrenta un estancamiento de exportaciones petroleras, que aportan el 96% de las divisas. También una creciente demanda de importaciones -por ejemplo, el 45% de los alimentos consumidos- debido a la progresiva caída de la producción local, a lo que se suman las denuncias de decenas de millonarios casos de corrupción con divisas subvencionadas.

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha reconocido que las reservas internacionales perdieron una cuarta parte en 18 meses, mientras que la ausencia de medidas económicas efectivas frente a esta caída alimenta dudas sobre si el país podrá cumplir con los tenedores de títulos.