El Departamento de Estado de los EEUU manifestó su "profunda preocupación" por la falta de un debido proceso judicial contra los presos políticos en Venezuela, detenidos durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. "El líder opositor Leopoldo López, los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos y alrededor de 70 manifestantes continúan encarcelados, algunos por más de siete meses, sin ningún cargo formal", señaló en un comunicado divulgado hoy a la prensa.
El gobierno estadounidense también criticó la decisión del tribunal de justicia, que rechazó a López la posibilidad de presentar evidencias y testimonios en su defensa. "De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, más de 1.700 personas tienen pendientes los cargos en su contra y no han recibido una fecha de juicio. Aunque no todos estén encarcelados, estamos profundamente preocupados por los opacos procedimientos de justicia", remarcó.
EEUU recordó que, en febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su inquietud sobre las denuncias por el uso de fuerza indebida contra manifestantes pacíficos y opositores al gobierno. También remarcó que, un mes después, seis observadores especiales de la ONU pidieron a Maduro que aclarase las acusaciones sobre detenciones arbitrarias y la represión en las protestas, así como los casos de tortura, que todavía se siguen registrando. "Sus preocupaciones fueron ignoradas", condenó el Departamento de Estado.
"El gobierno venezolano tiene la obligación de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, garantizadas por las leyes internacionales", sentenció esa oficina y añadió que "Venezuela debe informar de todas las personas detenidas sin cargos en su contra y liberarlas o asegurarles un juicio justo y público ante un tribunal imparcial sin demoras". "Llamamos al gobierno a proveer a todos los detenidos de las protecciones legales y los juicios justos a los que tienen derecho", concluyó.
El comunicado fue lanzado un día después de que prosiguiera el juicio contra López, quien se entregó a las autoridades luego de que el chavismo lo culpara públicamente de los disturbios de la marcha del 12 de febrero, día en que murieron tres personas y en que se inauguraron las masivas protestas antigubernamentales. A López se lo juzga, junto con cuatro estudiantes, por los supuestos delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio.
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