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El Grupo de los Seis (G-6), que integran las principales entidades empresarias, decidió este martes comenzar a preparar una presentación judicial para invalidar los alcances del proyecto de modificación de la Ley de Abastecimiento, en caso de que se transforme en ley.
Así se resolvió en el encuentro en el que participaron los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, y de los Bancos Privados de Capital Argentina (ADEBA), Jorge Brito.
De la reunión –que se desarrolló en el sede de la UIA, por casi dos horas– también participaron el vicepresidente de la central fabril Daniel Funes de Rioja y el secretario de esa entidad, José Ignacio de Mendiguren.
De Mendiguren informó que el G-6 decidió "en forma inmediata la preparación judicial para el caso de que no se pueda modificar la norma, porque claramente atenta contra la división de poderes", para lo cual comentó: "Vamos a trabajar con el Estudio Cassagne para preparar la eventual presentación judicial".
"Estamos preparando el camino, la vía más adecuada, por si se aprueba la ley en Diputados", señaló el dirigente, quien comentó que durante la reunión "se analizaron los avances que hubo en el Senado; no obstante y a pesar de que se limaron algunas asperezas, el fondo del problema sigue, que es la intervención arbitraria a través de los gobernadores".
Para De Mendiguren, el proyecto de modificación de Ley de Abastecimiento "es una norma muy laxa, imposible de comprender", por lo que sostuvo: "Vamos a insistir, trabajando con los legisladores", pero señaló que "hay que evitar el daño" que ocasionaría la sanción de la ley para las empresas.
"La norma claramente atenta contra la división de poderes"
En un momento en donde hay que seducir a la inversión, medidas como esta van en sentido contrario", expresó el también diputado por el Frente Renovador, quien remarcó que el G-6 está a favor de "la defensa del consumidor".
El dirigente cuestionó "la ambigüedad" de la norma, ya que "es tan amplia que es imposible determinar cuándo se cumple o no con la ley" y se preguntó "qué es un stock adecuado o una rentabilidad adecuada, será el mismo concepto para (el gobernador del Chaco, Gildo) Insfrán, que para (el gobernador de Tucumán, José) Alperovich o (el gobernador de Córdoba, José Manuel) de la Sota?".
"Esperemos que el sentido común prime, porque (la iniciativa) va en contra de aquello que se quiere defender que es el trabajo", apuntó De Mendiguren, quien expresó que "hoy se defiende al consumidor diciéndole que no va a perder el empleo, que va a recuperar las horas extras que hoy no está haciendo, que vamos a bajar la inflación; esa es su verdadera protección, con eso se va a volver a animar y va a consumir".
El secretario de la UIA enfatizó: "Con estas medidas vamos a lograr que aquel que piensa invertir postergue la decisión" y el consumidor "va a seguir muy protegido teóricamente por una ley que, por otro lado, está poniendo en riesgo su fuente de trabajo".
El G-6 emitió un comunicado que, según adelantó De la Vega, "expresa el absoluto acuerdo de que los mercados deben ser transparentes y competitivos" y cuestiona "la arbitraria y discrecional intervención del Estado".
De la Vega comentó que el texto del comunicado fue "aprobado por unanimidad" por las entidades que conforman el G-6 y reconoció que durante el encuentro "se habló de la eventualidad de recurrir a la Justicia en caso de que (la ley) sea sancionada".
Violación de la Constitución
En un comunicado bajo el título "Por la defensa del consumidor, la competencia, la producción y el empleo", el grupo empresario expresó que "los presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Industrial Argentina, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina se reunieron hoy para analizar nuevamente la situación planteada por el envío al Congreso Nacional del proyecto de Ley de Abastecimiento".
El G-6 confirmó su "irrevocable voluntad de recurrir a las instancias judiciales"
Los empresarios reafirmaron la "importancia de defender los derechos del consumidor en forma activa y asegurar su defensa frente a la competencia desleal, para asegurar el funcionamiento correcto del mercado". En este sentido, expresaron "la incuestionable necesidad de amparar la defensa del consumidor y la promoción de la competencia, donde el Estado debe ejercer un control eficiente, objetivo y razonable para garantizar la transparencia del mercado".
"Sin embargo, uno de los tres proyectos enviados al Congreso Nacional (Relaciones de la Producción y el Consumo, conocida como Ley de Abastecimiento), no cumple esos objetivos sino que establece la intervención directa del Estado en la economía y en las empresas, fijando márgenes de utilidad, niveles de stock, canales de distribución, volúmenes de producción y precios, entre otros mecanismos de intervención", advierte la misiva.
"Estas atribuciones constituyen una violación de la Constitución Nacional al establecer una delegación abierta al Poder Ejecutivo sin cumplir los recaudos constitucionales contemplados en el artículo 76", subrayaron los directivos.
En este marco los empresarios "instan al Poder Legislativo, además, a tener en cuenta los elevados riesgos que implica esta iniciativa sobre la generación de empleo, la inversión, el crecimiento de la producción y el adecuado abastecimiento".
Si pese a ello la misma prospera, las entidades empresarias "confirman su irrevocable voluntad de recurrir a las instancias judiciales, que es a quien corresponde garantizar la efectiva división de poderes que aparece claramente vulnerada en este proyecto".