El presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, no descartó la posibilidad de recurrir a la Justicia si se aprueba el paquete de leyes vinculadas al abastecimiento y consumo que impulsa el Gobierno. "Si sale la ley, la junta directiva de la entidad deberá decidir que se hace, pero esta conducción estima que se presentará a la Justicia", advirtió el directivo de la entidad fabril.
Méndez reiteró que a su parecer la nueva Ley de Abastecimiento que promueve el kirchnerismo es "inconstitucional". Mientras el titular de la UIA realiza estas declaraciones, se llevaba a cabo el debate en el plenario de comisiones del Senado. Allí expuso Daniel Funes de Rioja en representación de la UIA.
"El corazón de la ley son estas facultades discrecionales del poder administrativo", dijo el dirigente empresario, y sostuvo que el proyecto crea "figuras cercanas a una estatización del mercado".
Funes de Rioja destacó que el artículo 76 de la Constitución Nacional que fija la delegación de facultades "es para que el equilibrio nos dé garantías a todos" y la ley en ciernes iría contra ello por la "delegación discrecional" que permite.
Al respecto, dijo que "hay un cúmulo de discrecionalidades" en el proyecto que "no favorece a los derechos de los ciudadanos" porque, recordó, "los empresarios son también ciudadanos".
Además, puntualizó que el proyecto contempla instrumentos "que han sido desechados por la legislación comparada" y, también "contradice tratados internacionales" suscriptos por la Argentina.
Al fijar la posición de la entidad ante las comisiones que analizan los proyectos del Poder Ejecutivo vinculados a los consumidores, Funes de Rioja alertó que la iniciativa "va a perjudicar severamente las inversiones en el país", por el nivel de "discrecionalidad" que otorga a los funcionarios para intervenir en el mercado.
"Nada se menciona sobre cómo se tratará la información, en muchos casos de carácter sensible"
Precisó a los senadores en la lectura de un documento elaborado por la UIA que en el proyecto de nueva Ley de Abastecimiento "nada se menciona sobre cómo se tratará la información, en muchos casos de carácter sensible", que se tomará de las empresas; tampoco se indica "si se mantendrá el secreto estadístico" y no se legisla sobre "la responsabilidad del funcionario" respecto de los datos.
Respecto de los otros dos proyectos enviados por el Gobierno para dar mayor acceso a usuarios y consumidores a la resolución de controversias, Funes de Rioja manifestó que la UIA "conceptualmente está de acuerdo" con esas medidas.
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