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"El sector privado está muy de acuerdo, todos acordaron para el 30 de noviembre adoptar el sistema", afirmó el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, en una entrevista al canal caraqueño Televen.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien calcula que escapa a Colombia alrededor de un 40% de la producción nacional o lo que importa para ser vendido a precios subsidiados, aumentó este mes su ofensiva contra el contrabando y Méndez remarcó que "es un error" asociar este delito "solo a la frontera".
"También se realiza internamente en las ciudades alejadas de las fronteras donde se multiplica el llamado mercado negro y donde se revenden a precios superiores los productos que escasean en los mercados regulares", destacó el funcionario.
El sistema de captahuellas permitirá que cada venezolano "haga su compra semanal con un rango de compra bastante tolerante y amplio y así evitar que una persona compre hasta 20 veces" más de lo que necesite.
Maduro dijo el miércoles pasado que su decisión de instalar esta tecnología en las tiendas públicas y privadas constituye una orden "ya dada" a sus ministros del área de la economía y a la Superintendencia de Precios.
Explicó que el sistema es el mismo que utilizan las autoridades electorales para evitar fraudes con los votos, remarcó que ampliarlo ahora a los comercios "es una bendición" y que no duda de que "será un sistema perfecto".
Para la oposición política y económica, la iniciativa oficial es igual a la tarjeta de racionamiento cubana, un sistema por el cual el Gobierno de los Castro subsidia un consumo básico mensual a sus ciudadanos.
La escasez de productos es uno de los principales síntomas de la crisis económica de Venezuela. Pese a que Maduro culpa a los empresarios, la galopante inflación y las dificultades para conseguir productos básicos son un drama cotidiano de los venezolanos.