El Gobierno consideró que es "inaplicable" una declaración de desacato contra el país

A la espera de conocer qué posición tomará el juez Thomas Griesa respecto al proyecto de hacer un nuevo canje de deuda en territorio nacional, el Gobierno advirtió que la Argentina no podría ser declarada en desacato porque es un status que no le aplica por ser país soberano.

"No es lo mismo una persona física o jurídica que un país soberano. Es una diferencia cualitativa importante que deberá explicar el juez", señaló esta mañana el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

En su habitual conferencia de prensa de cada mañana, el funcionario reiteró que "el impacto de una eventual orden de desacato lo debe explicar el mismo juez, porque es eventualmente inaplicable". Minutos antes, ante otra pregunta de los periodistas presentes, había señalado: "Cuando hablan de orden de desacato o incumplimiento de sentencia no advierten que la Argentina tiene inmunidad soberana, que fue aprobada en los Estados Unidos en 1976".

"No es lo mismo una persona física o jurídica que un país soberano"

Como en cada ocasión, Capitanich disparó duras críticas contra los holdouts que insisten en cobrar la totalidad de los bonos que tienen en su poder. "Si existiera voluntad de negociar, no harían campañas difamatorias y generarían las condiciones de negociación", consideró. Su conducta, señaló, "es premeditada con absoluta alevosía", ya que "no quieren negociar, porque constituyen el mascarón de proa de otros intereses encubiertos". "Han generado las condiciones para propiciar la destrucción del marco regulatorio y atacar dura y tenazmente a los países que no aceptan las condiciones que se pretenden imponer", disparó.

También fueron blanco de las críticas Griesa y el mediador Daniel Pollack, por él designado para intentar acercar posiciones entre el país y los holdouts: "Manifiestan un principio de mala fe. Si existiera buena fe, hubieran generado las condiciones, primero el juez y después el special master, en lugar de emitir comunicados extravagantes". "Entendemos claramente que cuando el special master y el juez actúan como actúan, el principio de buena fe y honestidad indicaría la necesidad de otorgar un stay, una medida cautelar que permita generar las condiciones de negociación justas, legales y sustentables", concluyó.