Kicillof se prepara para un "default técnico" transitorio: seguirá pagando los vencimientos

Luego de conocida la decisión del juez Thomas Griesa de no volver a imponer el stay que levantó el pasado 16 de junio cuando la Corte de Nueva York decidió no tomar el caso argentino, el Ministerio de Economía a cargo de Axel Kicillof entró en una especie de estado deliberativo. Es que faltan solo ocho días para entrar en default técnico si la Argentina no cumple con la sentencia definitiva de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que la obliga a pagar al día de hoy unos u$s1.650 millones a los holdouts.

Unas horas antes de la audiencia solicitada por Griesa para que ambas partes, el gobierno argentino y los holdouts, se reúnan con el mediador Daniel Pollack, comienza a sonar fuerte la posibilidad de una cesación de pagos el próximo 30 de julio. Esta situación se produciría en el caso de que Argentina decida no negociar un futuro pago a los holdouts o directamente no pagar. En el último documento presentado a Griesa, los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton le solicitaron que vuelva a aplicar la medida cautelar, pero esta fue denegada. Esta solicitud de los abogados hace referencia también a que se debe incluir a todos los holdouts y se aclara que "debe ser consistente con las otras obligaciones contractuales del país, incluida la cláusula RUFO" (Right Upon Future Offers).

Según pudo averiguar Infobae, el Gobierno podría entrar en una situación que algunos funcionarios del área económica comienzan a llamar "default técnico transitorio", pero descartan que se trate de una cesación como la de diciembre de 2001, cuando el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá decidió no pagar la deuda publica total. La estrategia que evalúan cerca de Kicillof es que el Gobierno depositará los pagos a los bonistas que entraron en los canjes I y II como lo hizo el pasado 27 de junio.

Argentina podría hacer un depósito en garantía mientras negocia con los holdouts

En ese entonces el Gobierno depositó los fondos en dos cuentas que el Bank Of New York (BONY) tiene en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Hay que recordar que del monto total de aproximadamente unos 1.000 millones que la Argentina debía pagar por el vencimiento de los bonos Discount del 30 de junio hay unos u$s539 millones de pagos de juridicción extranjera que el juez Griesa decidió inmovilizar hasta que el Gobierno no arregle con los fondos NML Elliott, Aurelius, Blue Angel y los 13 bonistas que ganaron la sentencia definitiva. El próximo vencimiento es el de septiembre por un total de unos u$s250 millones y el Gobierno continuaría depositando hasta fin de año el pago de los vencimientos. Luego, cuando se caiga la RUFO a partir del 1 de enero de 2015, se accionarán los pagos porque no habría incumplimiento, dicen desde Economía.

Otra de las alternativas es que el Gobierno deposite en una especie de fideicomiso en una cuenta en Nueva York en garantía de pago bonos por el equivalente al monto total de u$s1.650 millones y éstos podrían ser vendidos por los holdouts recién en enero de 2015.

La preocupación del Gobierno por los embargos se observa al leer el documento presentado el lunes, donde se menciona que "la perspectiva de una solución se complica aún más por la ofensiva judicial de los litigantes" y allí los abogados argentinos citan como ejemplo los pedidos de embargos que los holdouts realizaron por activos de YPF y Chevron, y también para algunas empresas que operan el yacimiento de Vaca Muerta que, de acuerdo a la opinión de funcionarios de Economía, es lo que los holdouts quieren. "Ellos no quieren cobrar los u$s1.650 millones de la sentencia ni en bonos ni en nada, ellos quieren quedarse con Vaca Muerta y poner de rodillas a la Argentina", dijo la fuente de Economía a Infobae.

Un funcionario que tiene relación con el Ministerio de Economía comentó a Infobae que "este año nosotros creemos que no realizará el pago de la sentencia a los holdouts porque acciona la cláusula RUFO, y lo que nos llama la atención de todo esto es la fórmula que aplicó el juez Griesa para pagarles la sentencia a los holdouts que hace que unos 60 millones de dólares de bonos en default comprados por los fondos buitres se hayan trasformado en unos 1.350 millones de dólares. Por lo tanto, si ese aumento del 1.300% se traslada al resto de los bonistas que entraron en los canjes I y II, la Argentina no lo puede pagar si se acciona la cláusula RUFO y sabemos que hay fondos 'buitres' que ya compraron deuda restructurada de los canjes de 2005 y 2010 y van a querer cobrar por el lado del 93% que aceptó la reestructuración". El escrito rechazado por Griesa manifiesta que "en vista de la magnitud de las posibles consecuencias de la activación de la cláusula RUFO, incluso una pequeña probabilidad de activarla hace que el riesgo sea inaceptable".

"Una pequeña probabilidad de activar la cláusula RUFO hace inaceptable el pago"

Por otro lado, fuentes del Gobierno han manifestado que "un acuerdo que firmemos y que gatille la RUFO, que vence el 31 de diciembre, nos generaría demandas por miles de millones de dólares de los bonistas que entraron a los canjes". En ese sentido, los números que se manejan en el Ministerio de Economía hablan de demandas por unos 500.000 millones de dólares si se acciona la RUFO. "Esta cláusula es la que le impide al país mejorar en forma voluntaria la oferta a quienes entraron o no entraron en los canjes", confió una fuente.

En Economía están sorprendidos de la decisión de Griesa, quien manifestó que no era necesario un nuevo stay. Pero lo cierto es también, según comentan fuentes judiciales de Nueva York, que los abogados argentinos no mostraron una cifra exacta de cuál es el costo de la activación de la cláusula RUFO. Al respecto, un especialista que sigue de cerca la negocación manfiestó a Infobae que "los abogados de Argentina presentaron como información respaldatoria cifras publicadas en distintos medios calculadas por especialistas, pero no hay un monto que especifique lo que le costaría la RUFO al Gobierno".