Legisladores del movimiento gubernamental Alianza País (AP) presentaron en junio un paquete de enmiendas a la Carta Magna de Ecuador ante la Corte Constitucional, que deberá resolver si son tratadas en la Asamblea Nacional (Parlamento) o si se debe convocar a una consulta popular.
El Movimiento Creando Oportunidades (CREO), principal fuerza de oposición en el parlamento ecuatoriano, dice en su escrito que los asambleístas de AP pretenden "evitar la convocatoria a referéndum y reformar el texto constitucional sin consultar al soberano sobre materias de vital importancia como la reelección indefinida".
Según el documento, el oficialismo quiere "únicamente realizar las modificaciones a través de las respectivas votaciones en el pleno de la Asamblea Nacional".
En su análisis, el partido opositor sostiene que debe ser la ciudadanía la que se pronuncie sobre la reelección indefinida, porque el asunto "afecta a la estructura fundamental del Estado".
La reelección indefinida va contra el "principio de alternabilidad", sostiene la oposición
Además, indica que tal enmienda, que define como "trascendental para la democracia del Ecuador" es "contraria al principio de alternabilidad".
La constitución vigente, de 2008, establece que el presidente y las autoridades de elección popular podrán ser reelegidos por una sola vez, consecutiva o no.
El escrito también critica la propuesta de modificación del artículo 104 de la constitución, que afecta a la convocatoria de consultas populares por parte de autoridades y organismos y que, según CREO "impide al ciudadano contar con la oportunidad de pronunciarse a través de un proceso electoral de referéndum en asuntos de su interés".
Otra de las enmiendas que aborda el escrito del partido opositor es la que propone que sea la ley la que regule los casos en los que se abuse de la garantía constitucional conocida como acción de protección, lo que, según CREO, limita el ejercicio de este beneficio constitucional.
Con esa enmienda "se pretende menoscabar el derecho a la tutela judicial efectiva y como consecuencia de aquello se busca establecer una norma de carácter regresivo que restringe la protección al ciudadano", señala el escrito.
El documento analiza también otras enmiendas relativas al funcionamiento de la Contraloría General del Estado, que, según CREO, limitan sus funciones e impiden "que este organismo realice auditorías a las gestiones de las instituciones del Estado y a las empresas públicas".
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