La influyente revista inglesa The Economist realizó un analisis sobre el peligro de default que corre la Argentina y advirtió que la clausula RUFO "podría hacer que funcionarios sean acusados de mala praxis".
En un artículo titulado "Tic, toc" emulando el sonido que realizan las agujas del reloj, The Economist observó que una vez pasada la euforia mundialista por la "impresionante" actuación de la selección argentina en Brasil, la "problemática realidad" ha regresado y es hora de lidiar de nuevo con el conflicto con los fondos buitre, y apenas a sólo dos semanas de un eventual default.
"El vicepresidente de Argentina está siendo investigado por corrupción, la economía está en recesión, su inflación es la segunda más alta del mundo" y lo más grave de todo, el país "está a dos semanas del default."
Tras las idas y vueltas entre Argentina, el juez Thomas Griesa y los holdouts, Argentina corre el riesgo de entrar en cesación de pagos una vez más, y la revista opina que "si bien todos asumen que se va a llegar a un acuerdo" antes de que se venza el plazo estipulado, "el tiempo sigue pasando y el comportamiento de Argentina desde la decisión de la corte suprema de EEUU ha sido errático, por decirlo de manera sutil".
Y comenta que si bien "apenas se han revelado detalles" sobre las reuniones entre Argentina y el negociador asignado por Griesa, Daniel Pollack, "los rumores dicen que el tema central son los tiempos" ya que Argentina asegura que pagar o negociar un acuerdo con los holdouts antes del 1 de enero de 2015 podría activar la clausula RUFO (Rights Upon Future Offers), que dice que Argentina no puede "ofrecer voluntariamente a los bonistas una mejor oferta a la realizada en la restructuración de 2005 y 2010," por lo cual si se le paga a los buitres, los otros bonistas tienen derecho a reclamar el mismo trato. La clausula RUFO "está abierta a interpretación, pero si se activa," sus efectos sobre las reservas de Argentina pueden ser "abrumadores".
Esto a su vez puede traer más consecuencias, ya que los expertos que hablaron con The Economist observan que la clausula RUFO "podría incrementar la carga de la deuda, y hacer que funcionarios del gobierno sean acusados de mala praxis."
"Los mercados han sido optimistas con respecto a una salida negociada, lo que es lógico, pero lo que los mercados no toman en cuenta es que si la clausula RUFO es activada, aquellos funcionarios que hayan formado parte del acuerdo podrían ser llevados a juicio y estar en litigio por años," explican a la revista, que advierte que "sólo quedan dos semanas para solucionar este problema".
Hasta ahora no se ha confirmado una nueva reunión con Pollack, pero The Economist sospecha que si bien "Argentina tiene fama de empujar las cosas hasta el límite, un acuerdo a última hora" es posible.
"Mientras tanto, el tiempo se agota," concluye.
Más Noticias
Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Luque habló del “error” de Cosachov y apuntó contra otros dos imputados en su novena declaración
El neurocirujano amplió otra vez su indagatoria, volvió a desligarse de su responsabilidad en la internación domiciliaria donde murió Diego y expuso una defensa contundente. Los detalles
Transportistas de Lima podrían evalúar bajar el precio de pasajes en S/ 0.50, pero buscarían nuevo subsidio al combustible
Alza en los pasajes se mantiene pese a que el Gobierno ya aprobó un subsidio de hasta S/ 0.50 por kilómetro recorrido a favor de transportistas en Lima y Callao a inicios de junio
La particular visita de Joaquín Furriel al Valle de la Luna: paisajes imponentes y el partido de la Selección
El actor aprovechó la gira de su obra de teatro para conocer uno de los sitios más emblemáticos de la Argentina
Advierten que política cambiaria de Delcy Rodríguez incentiva el mercado paralelo de dólares
Economistas sostienen que el aumento en la oferta de divisas tiene un impacto limitado por las fallas estructurales que promueven el arbitraje
Evo Morales amenaza con tomar una planta eléctrica si se produce otro apagón energético en su bastión
El exmandatario amenazó con tomar una planta eléctrica debido a los recurrentes cortes de energía que se producen en la región del Trópico de Cochabamba. El Gobierno calificó como “criminal” su declaración
