El jury a Campagnoli es "un papelón", dijo un integrante

El jurado de enjuiciamiento que aún mantiene bajo juicio político al fiscal de instrucción José María Campagnoli podría, en el caso de que el actual proceso se caiga, volver a enjuiciar al fiscal por los mismos cargos vinculados con una investigación contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

El tribunal, con los seis miembros que aún lo integran (eran siete pero renunció María Cristina Martínez Córdoba) pasó en la última audiencia a un cuarto intermedio hasta el 17 de julio, lapso durante el cual Campagnoli seguirá suspendido.

Para Javier Panero, integrante del tribunal del jury, hay una situación de "indefinicion" que considera "un papelón".

Ante el reclamo de la defensa de Campagnoli para que en el nuevo encuentro del 17 de julio el cuerpo decida la reincorporación del fiscal en su cargo, Panero aceptó: "El jueves nos volvemos a reunir y se podría continuar en esta indefinición".

"Entiendo que alguna solución se va a obtener el jueves pero, en realidad, no hubo ningún compromiso; la situación quedó bastante trabada en la última reunión", resaltó, en declaraciones a radio América.

Panero, representante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), reconoció que el caso del fiscal suspendido "ha terminado en un papelón; entiendo que para la sociedad esto se ha transformado en un escándalo pero nosotros, como vocales, debemos garantizar el debido proceso a Campagnoli".

"Esto tiene que terminar de alguna forma por el bien de la República; se generó una situación de indefinición que la gente ya no entiende qué se está juzgando. Tenemos que encontrar una salida y terminar este proceso de algún modo, y ese modo debe garantizar el debido proceso", insistió.

El integrante del jury remarcó que, tras la salida definitiva de la jurado María Cristina Martínez Córdoba -por un problema de salud-, el tribunal que conforma debe resolver sin falta el nombramiento del séptimo miembro.

Martínez Córdoba tenía designado a Leonardo Miño como su suplente pero, paralelamente, la Defensoría General designó por sorteo a Nicolás Toselli, como jurado titular.

"En la reunión del lunes tratamos el tema de la suplente de la doctora Martínez Córdoba. Durante la licencia de la doctora el tribunal convocó a Miño, pero él fue recusado y contestó. Lo primero que tratamos fue su incorporación o recusación. Otros integrantes creyeron que se debía tratar el tema de diferente manera, no se pudo saldar esa diferencia", contó Panero.

Panero reiteró que en ese encuentro con sus pares "hubo diferencias" y añadió: "Veremos qué pasa este jueves". Para el integrante del tribunal, hay tres situaciones importantes a tratar en este caso: "La reincorporación de Campagnoli, decidir cómo sigue el juicio y también como se va a integrar el tribunal que eventualmente haga el nuevo juicio".

"La ley impone que el tribunal debe trabajar con siete miembros y esta es una limitación importante; decidir la integración del tribunal es esencial para poder seguir con el proceso porque hace a la garantía del debido proceso", reiteró.

Panero aseveró: "Hay que buscar una salida a esta constitución del tribunal porque, si no, no se puede seguir regularmente con el proceso (contra Campagnoli): sea que se lo de por caído, sea que se lo siga adelante, sea la solución que sea la que tome, estaría viciada por una nulidad de origen".

Cuando se le señaló que, en el marco de las idas y vueltas en el caso, cualquier resolución que tome el cuerpo respecto del suspendido fiscal estaría, por lo menos ante la opinión pública, viciada jurídicamente, Panero hizo una salvedad. "No sé si está viciada desde lo jurídico, pero desde la imagen que ha dado, seguramente, porque todo esto se ha transformado en un escándalo que perjudica la credibilidad que puede tener la decisión, lo reconozco perfectamente", admitió.

Y añadió que "desde lo jurídico depende de la solución que le demos".

El jueves pasado, legisladores de la oposición tildaron como un "grotesco y un horror institucional" el jury motorizado contra Campagnoli y, tras criticar la falta de control del Ministerio Público, pidieron el juicio político contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.