"En la cárcel militar de Ramo Verde, nuevamente Leopoldo López es sometido al aislamiento, al impedirse la visita de su esposa, de sus dos hijos y de sus padres, hasta el día de su juicio el próximo 23 de julio", informó Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano, en un comunicado.
"El régimen de Nicolás Maduro busca doblegar el espíritu de López, con la tortura psicológica", agregó el escrito.
Explicó "que tras una llamada del teléfono público del penal, derecho consagrado en el Código del Régimen Penitenciario, a un grupo de amigos en el que envió un mensaje de optimismo, fuerza y fe, tiene prohibida la visita de su familia", además de estar aislado del resto de los presos de Ramo Verde.
En la cárcel militar también están recluidos los ex alcaldes opositores Daniel Ceballos y Enzo Scarano, y el ex jefe policial Iván Simonovis.
Tintori ha denunciado que en mayo le habían suspendido dos semanas las visitas a la cárcel "por escribir cartas". Las autoridades del penal militar tomaron una medida similar contra el opositor a fines de abril.
Las autoridades no han emitido comentarios sobre la situación de encarcelamiento de López.
Por otra parte, el secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón José Medina, lamentó que la oposición no tenga un plan para sacar de la cárcel al dirigente de Voluntad Popular.
López podría enfrentar una condena de 13 años y nueve meses de prisión
"Bueno, para sacarlo de la cárcel no tenemos ningún plan, porque el único que inventó el plan para estar en la cárcel fue él mismo. Entonces él fue el que se entregó; entonces es complicado sacarlo de la cárcel, es complicado", manifestó.
En ese sentido, agregó que "Leopoldo tiene una causa injusta, que no tiene fundamento jurídico y se le está juzgando detenido en condiciones adversas a lo que dice la Constitución y las leyes".
Luego de casi cuatro meses detención, un tribunal determinó en junio que López será sometido a juicio privado de libertad y admitió la acusación de la Fiscalía por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir.
De ser declarado culpable, el dirigente del partido Voluntad Popular podría enfrentar una condena de 13 años y nueve meses de prisión, según estimaciones de la Fiscalía.
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