"No voy a renunciar, tengo derecho a la presunción de inocencia", declaró Urresti antes de resaltar que el presidente Ollanta Humala lo nombró ministro tras restarle asidero a la acusación de que es autor del crimen del periodista Hugo Bustíos, muerto por una patrulla militar en Ayacucho hace 26 años, durante el conflicto que enfrentó a los militares con la guerrilla de Sendero Luminoso.
La renuncia de Urresti, que asumió el cargo hace 10 días, fue exigida por la viuda del periodista, parlamentarios de oposición, grupos defensores de los derechos humanos y sectores de la prensa.
"Creo que es justo que una persona que tiene un proceso de esta magnitud no pueda asumir el cargo de ministro del Interior", sostuvo Margarita Patiño, viuda de Bustíos.
"Lo único que busco es la verdad. A mi esposo lo mataron de la peor forma: lo ametrallaron y lo destrozaron (con dinamita). Su cadáver lo recogí despedazado", recordó Patiño durante una conferencia de prensa el miércoles en Lima.
El proceso judicial contra Urresti se inició en junio de 2013 sobre la base de la denuncia de tres militares que se encuentran presos y sentenciados desde 2010 por la muerte del periodista, un crimen calificado de lesa humanidad e imprescriptible.
A raíz de este caso, el ministro del Interior está impedido de salir del Perú por orden del juez que lo procesa.
Urresti, general del Ejército en retiro que trabajó como oficial de inteligencia en Ayacucho durante el conflicto contra la guerrilla bajo el apelativo de "capitán Arturo", sostiene que la acusación es una venganza de sus camaradas de armas condenados debido a que los denunció por cometer irregularidades administrativas en el Ejército.
"Pueden revisar el caso y no aparece mi nombre para nada. Y luego un delincuente que ya está cumpliendo pena de tres años le dice al fiscal que el culpable es Daniel Urresti", dijo el ministro en alusión a su acusador.
El presidente Humala, que tomó juramento a su nuevo ministro del Interior la semana pasada, no se ha pronunciado aún públicamente sobre el caso y los reclamos para que sea removido.
El conflicto interno dejó cerca de 70.000 muertos entre 1980 y el 2000, según la Comisión de la Verdad, que atribuyó violaciones de los derechos humanos a Sendero Luminoso y a las Fuerzas Armadas.
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