La Fiscalía y la Policía Nacional de Perú emprendieron el mayor operativo de los últimos años para capturar a miembros de organizaciones criminales con vínculos en importantes estamentos del Estado. Entre los detenidos, figura uno de los captores del líder del terrorista Sendero Luminiso Abimael Guzmán, el coronel de la policía en retiro Benedicto Jiménez.
Las órdenes de captura contra Jiménez y su socio, el empresario inmobiliario y abogado Rodolfo Orellana Rengifo, marcaron el inicio de una de las mayores arremetidas legales contra el crimen organizado, en coincidencia con la entrada en vigor de una ley que le da mayor poder a la Policía.
Jiménez, director de la revista Juez justo, fue detenido el martes por la tarde. Cientos de policías siguen buscando a Orellana y a unos 25 de sus presuntos cómplices en varias zonas de Lima. Orellana está acusado de dirigir una red mafiosa con vínculos en la Fiscalía, la Justicia y la Policía para adueñarse de propiedades a través de testaferros en Lima y otras regiones.
En la capital, se inició además el allanamiento de decenas de propiedades inmuebles de Orellana, acusado de estafar al Estado y de apropiarse ilícitamente de muchas propiedades en litigio; entre ellas, áreas de un hospital estatal.
Los operativos de captura, ordenados por el Ministerio Público y la Justicia, se multiplicaron en las últimas horas, en momentos en que varios presidentes de gobiernos regionales están presos o con órdenes de captura por corrupción, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, entre otros crímenes. No fueron difundidas cifras oficiales sobre el número de detenidos.
Los operativos se extienden, además, a los aeropuertos internacionales
En el aeropuerto internacional de Lima y en terminales terrestres en la frontera con Ecuador y Chile, norte y sur del país, respectivamente, y con Bolivia, este, se desplegaron cientos de agentes policiales para evitar la fuga de los denunciados con órdenes de arresto.
El presidente Ollanta Humala, que el 28 de julio iniciará el cuarto de sus cinco años de mandato, declaró, antes de hacer un viaje oficial a Francia, que su gobierno será implacable contra la corrupción, el crimen organizado y la delincuencia común, que -expresó- "ponen en riesgo la gobernabilidad y la tranquilidad de los ciudadanos".
Los arrestos masivos se producen en momentos que los ex mandatarios Alan García Pérez y Alejandro Toledo enfrentan investigaciones por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos, respectivamente. Además, en prisión se encuentra el ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por violación a los derechos humanos y corrupción.
El gobierno de Humala también puso en vigencia la ley que modifica el Código Penal y que sanciona drásticamente el crimen organizado, delito que se expresa en narcotráfico, corrupción, extorsión, sicariato, trata de personas, contrabando, entre otros considerados graves y que prevén penas por encima de los 25 años de prisión.
La ley también da protagonismo a la figura del agente encubierto, según afirmó el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. "Vamos a investigar, capturar y procesar a todas las bandas criminales", declaró a la prensa, tras precisar que se han capacitado a 2.000 policías en Perú para aplicar la nueva legislación. La inseguridad ciudadana y la amenaza del crimen organizado son los principales problemas que afronta el Gobierno, de acuerdo con sondeos.
Días atrás, durante el fin de semana, la Policía realizó un operativo en el que desarticuló 24 bandas criminales, recuperó 9 toneladas de piezas de automóvil robadas e incautó más de 7 millones de metros de tablas de madera de procedencia ilegal, además de armas, marihuana y cocaína, según informó el ministro del Interior, Daniel Urresti.
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