El gobierno nacional eludió responder con precisión si le pedirán al vicepresidente Amado Boudou que se tome licencia tras haber sido procesado en el caso Ciccone. Sin embargo, las palabras de Jorge Capitanich tienden a indicar que esa solicitud no se producirá.
"Todo lo que había que decir ya se dijo", se excusó esta mañana el jefe de Gabinete cuando fue consultado acerca de la decisión del juez Ariel Lijo. En la conferencia de prensa que da cada día en Casa Rosada además aclaró: "Respecto a esta cuestión no hemos tenido diálogo porque trabajamos en temas de agenda institucional respecto a la complejidad de la causa judicial de los fondos buitre en los Estados Unidos. Es parte del trabajo que nos corresponde hacer".
"En mi carácter de jefe de Gabinete no soy abogado penalista para opinar sobre el estado procesal", se excusó Capitanich. Pero, como todo el oficialismo, insistió en la supuesta desigualdad de trato que reciben Boudou y Mauricio Macri ante similares situaciones procesales. "El caso del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es exactamente el mismo y uno observa que la participación en los medios es casi inexistente. Los mismos dirigentes opositores que se expiden con furibundas declaraciones sobre esta causa no lo hacen con la causa del jefe de la Ciudad. Observo un tratamiento inequitativo y desigual", protestó.
"No soy abogado penalista para opinar sobre el estado procesal de Boudou"
El viernes, el juez Lijo resolvió procesar a Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso que investiga la transferencia irregular de la imprenta de valores Ciccone Calcográfica. Macri, en cambio, se encuentra procesado por la causa que desde 2009 investiga la red de escuchas y espionaje montada por el agente Ciro James para seguir a políticos y empresarios.
En cuanto se conoció el fallo, los abogados del Vicepresidente anunciaron que apelarán la medida. Pero no serán los únicos: las defensas de Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick anticiparon que presentarán distintos pedidos de nulidad. En apenas cuestión de meses, la familia propietaria de la imprenta pasó de ser testigo y damnificada a convertirse en imputada por haberse quedado con el 30% de la sociedad tras el desembarco del fondo The Old Fund. Para el magistrado, se convirtieron en cómplices al aceptar asociarse en la explotación de la llamada máquina de hacer billetes.
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