El entramado que involucra a Amado Boudou y definió su procesamiento

El juez federal Ariel Lijo armó un rompecabezas de cientos de piezas. Unió nombres, fechas, llamados telefónicos, decisiones administrativas, reuniones, cobros de cheques, peritajes, y otras tantas cosas más para determinar que Amado Boudou, cuando era ministro de Economía, se quedó con la empresa Ciccone Calcográfica, la máquina de hacer billetes.

En las más de 300 páginas de la resolución mediante la que Lijo procesó a Boudou por los delitos de "cohecho pasivo" y "negociaciones incompatibles con la función pública", aparecen muestras de cómo se realizó la operación para que el misterioso grupo The Old Fund (TOF) se quedara con Ciccone.

El juez hizo una descripción de todas las personas que de alguna manera u otra se relacionaban con TOF y por ende con Boudou. Obviamente su socio, José María Núñez Carmona, es el centro del entramado. Alejandro Vandenbroele lo conoce. Y por ejemplo el primer vicepresidente de TOF, Jorge Capirone, conoce al Vice y a su socio. Sergio Martínez, conocido de Mar del Plata, fue accionista de TOF. Muchos de los participantes de la maniobra tienen o tuvieron vinculación con el cúmulo de sociedades que tiene en blanco Boudou. Así y todo el vice negó tener relación alguna con TOF.

El juez eligió la palabra "densidad" para describir la enorme cantidad de llamados telefónicos realizados por parte de los imputados. Fue, por ejemplo, frenético el intercambio de llamados entre Núñez Carmona y Vandenbroele, y entre Boudou y su secretario privado Eduardo Romano, cuando se depositó el dinero de la provincia de Formosa en la cuenta de TOF y cuando se retiró. La ignota empresa TOF cobró más de 7 millones de pesos por "asesorar" a Formosa en la reestructuración de la deuda provincial con el estado nacional. El que pagó fue el gobernador Gildo Insfrán. El que cobró, según estableció Lijo, fue Boudou, por entonces ministro de Economía.

Los teléfonos que usaba Núñez Carmona, articulador en nombre de Boudou de la maniobra de Ciccone, se habrán quedado muchas veces sin batería. Según explicó Lijo, el teléfono de Núñez Carmona se activó "al menos 1215 veces en la antena de Casa Rosada que es la misma que la del ministerio de Economía". Se presume que Núñez Carmona andaba mucho por la zona de Plaza de Mayo, en su calidad de empresario privado.

Se detectaron también unas 350 llamadas con Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone y quien juntó a los imprenteros con los allegados al vice. Reinwick y Ciccone fueron procesados por cohecho. Para Lijo fueron ellos quienes le dieron a Boudou el 70 por ciento de la imprenta para que el Vice solucionara los problemas de la compañía. Núñez Carmona no sólo habló con Reinwick, también le detectaron 103 llamados con Ciccone. Todos en fechas cercanas a reuniones en las que se tomaron decisiones importantes respecto de la calcográfica.

Lijo incluso detectó llamados al celular de la novia de Boudou, la entrepreneur Agustina Kampfer, en momentos en los que se estaba preparando uno de los encuentros entre el vice y los empresarios.

En la resolución se habla de una sociedad llamada Sin Fonteras SRL, propiedad de Rodolfo Usuna y Rosana Lía Venturino, hermana de Verónica que está casada con Juan Bautista Boudou. Un teléfono a nombre de esa sociedad, vinculada a la familia Boudou, tiene una enorme cantidad de llamadas telefónicas con los imputados en la causa. El juez desliza la sospecha acerca de que ese teléfono pudo haber sido utilizado, en la época de los hechos investigados, por el propio Boudou.

Según Lijo, los Ciccone le cedieron las acciones a Boudou porque manejaba los resortes del Estado para conseguir los beneficios que necesitaba la compañía.

Especialmente destaca Lijo que el funcionario de la AFIP procesado, Rafael Resnick Brenner, en el período en que tuvo que firmar papeles vinculados a la quiebra de Ciccone, cruzó unos 300 llamados con el teléfono de la sociedad Sin Fronteras.

También destaca Lijo un llamado desde un teléfono de Vandenbroele al de Romano, secretario de Boudou, quien aseguró no conocer al abogado que apareció como presidente de TOF.

Según el procesamiento de Lijo, los Ciccone le cedieron las acciones a Boudou porque sabían que manejaba todos los resortes del Estado para conseguir los beneficios que necesitaba la compañía. La empresa consiguió con enorme rapidez el certificado fiscal que le permitía contratar con el Estado. Ese documento se obtuvo –luego de que la AFIP le otorgara un plan de facilidades- apenas unos días después de la asunción de Boudou como Vicepresidente. Entonces podía comenzar a contratar con el Estado y estaba abierto el camino para que la Casa de Moneda firmara un contrato para que la ex Ciccone, entonces llamada Compañía de Valores Sudamericana (CVS), imprimiera billetes de 100 pesos.

Para eso había que evitar que Casa de Moneda se modernizara y por eso el juez le atribuye a Boudou haber parado una licitación para comprar maquinaria nueva. De ese modo, con la maquinaria vetusta de Casa de Moneda, la nueva Ciccone quedaba sin competencia.

El juez explicó que cuando Boudou, como ministro de Economía, escribió una carta para que la AFIP le diera un plan de facilidades a Ciccone, lo hizo porque era el dueño. Y marcó una contradicción entre su actitud de 2010 y la de 2014. "Resulta sumamente determinante esa nota suscrita por Amado Boudou en su caracter de Ministro de Economía. Allí se observa claramente su intención de favorecer a la empresa Ciccone Calcográfica, de la cual él detentaba junto a Núñez Carmona un 70% del capital accionario. Si bien es cuidadoso al devolver las actuaciones a la A.F.I.P., es clara su finalidad al expedirse en torno a la continuidad de la empresa. No es casualidad que la única vez que la A.F.I.P. solicitó una opinión al Ministerio de Economía en torno a un plan de facilidades de pago ilegal, haya sido respecto de una empresa que, justamente, era propiedad, a través de The Old Fund, de Amado Boudou. Incluso, debe destacarse el contraste en la posición asumida por Amado Boudou respecto de la empresa Ciccone Calcográfica y sus integrantes en ese momento con la actualidad. Conforme se expuso, en la nota 154/10 se posicionó favorablemente respecto de la continuidad de la empresa. Sin embargo, al momento de prestar declaración indagatoria, ligó a la familia Ciccone con la época denominada en este país como 'Terrorismo de Estado'. Específicamente, los relacionó a ese gobierno militar al mencionar que ellos alardeaban de haber tratado con gobiernos y políticos durante toda su existencia y que eso era cierto ya que habían impreso las entradas para el mundial 1978, haciendo referencia a que no había tenido miedo de tratar con un gobierno militar genocida. Además mencionó que trataron con gobiernos africanos. Es decir, en el año 2010 propició la continuidad de la empresa a través de un plan de pagos ilícito y, este año, los señaló como empresarios que negociaron con el Gobierno de facto de este país".

El juez explicó que cuando Boudou, como ministro, escribió una carta para que la AFIP le diera un plan de facilidades a Ciccone, lo hizo porque era el dueño

Mientras la nueva Ciccone se ponía al día con los papeles de AFIP y conseguía el certificado fiscal que le iba a permitir contratar con el Estado, hizo algunos negocios. Para las elecciones de 2011 imprimió las boletas electorales del Frente para la Victoria. Boudou fue el vice de Cristina Fernández de Kirchner. La firma cobró unos 12 millones de pesos de parte del partido oficial. Al juez le llamó la atención que no solo se imprimieron las boletas nacionales del FPV sino las distritos lejanos a Ciccone como Formosa, Misiones, Santa Fé, Tierra del Fuego, Neuquén o Catamarca, entre otros. Lijo sostiene que ese negocio se hizo allí debido a que la empresa era de Boudou. "En conclusión, en condiciones en que la empresa no podía contratar con el Estado, y mientras que Amado Boudou era Ministro de Economía y candidato a Vicepresidente, la empresa C.V.S. realizó un negocio privado de impresión de boletas electorales con el FPV por $ 12.729.509,1 (más $ 27.398,97 con el Partido Humanista y progreso Social vinculados al FPV). Sin embargo, varios aspectos de ese acuerdo resultan peculiares y evidencian, nuevamente, la vinculación de Amado Boudou con la imprenta C.V.S", señaló Lijo.

En el procesamiento que firmó junto a su secretario Diego Arce, el juez hizo referencia a procesos de expropiación de empresas privadas que hubo en los últimos años y lo diferenció de la operatoria por la cual Boudou fue procesado. El juez dijo que "(la maniobra)... incluyó la negociación directa para la adquisición de la empresa por parte del principal socio comercial del Ministro de Economía y amigo personal, por medio de una persona interpuesta sin capacidad económica ni profesional y mediante la utilización de sociedades con acciones al portador, sin antecedentes en el mercado; en la efectiva adquisición de la empresa, en las acciones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento a la planta y, finalmente, en la contratación directa de dicha empresa por parte del Estado Nacional. Toda esta maniobra no se corresponde en absoluto con la materialización de 'el interés' legítimo de un Estado en garantizar la continuidad de una empresa que presta un servicio necesario para el bien público y que emplea a cientos de trabajadores. Para muestra, basta un botón. Sólo por enumerar algunos casos: la estatización de Aerolíneas Argentinas, de la aerolínea Austral, la estatización de varias líneas de servicio ferroviario, etc; la expropiación de YPF y, por qué no, de la propia Ciccone Calcográfica años después. Sin juzgar acerca de cada caso en particular ni entrar en las particularidades de cada negociación, las negociaciones son diametralmente opuestas en un sentido fundamental. En todos los casos referidos, el interés público se materializó en una acción pública. En el caso bajo estudio, el alegado 'interés público' se materializó en una acción entre privados, con beneficios económicos para privados y con la intervención espuria y nunca clara de funcionarios públicos".

Lijo procesó a Boudou y al resto de los imputados. Encastró las piezas del rompecabezas que se había comenzado a armar allá por 2012 cuando se inició el expediente. Y consiguió pruebas que apuntan a Boudou por un hecho igual de grave que simple: se quedó con una empresa privada que iba a ser contratada por un sector de la administración pública (Casa de Moneda) que estaba bajo su órbita (ministerio de Economía) para fabricar billetes. Un negocio redondo. Un caso de corrupción.