Bajo el nombre de Ley de Evaluación Integral de la Educación, la iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho social a la educación y la mejora continua de su calidad y del sistema educativo y crea una unidad de evaluación (UEIE), dependiente del Ministerio de Educación, conformada por un director general elegido por concurso y tres directores propuestos por la Legislatura, por un período de cinco años.
El proyecto lleva las firmas de Maximiliano Ferraro, María Eugenia Estenssoro , Virginia González Gass, Hernán Rossi, Hernán Arce, Javier Gentilini, Juan Nosiglia, Paula Oliveto e Inés Gorbea.
Según expresaron los diputados firmantes "la evaluación tiene que ser entendida y llevada como un proceso y resultado. Es imprescindible evaluar el sistema educativo pero también las políticas y programas que se imparten desde el Ministerio de Educación. No creemos en la evaluación para la calificación individual de los alumnos o el ranking de escuelas".
"El proyecto crea un sistema de indicadores educativos como instrumento indispensable para describir y conocer la realidad educativa y para hacer posible la definición de objetivos educativos y la adopción de políticas adecuadas" sostuvieron los legisladores del Frente Amplio UNEN y agregaron que "la finalidad es contribuir al conocimiento del sistema educativo, evaluar el grado de eficacia y de eficiencia del mismo y orientar la toma de decisiones de las diferentes instancias".
"Entendemos a la evaluación como un proceso continuo, formativo e integrador de obtener información que retroalimenta los procesos educativos y contribuye a la toma de decisiones. A su vez, cumple una función pedagógica y didáctica de carácter integrador. En otras palabras, es un proceso de diálogo, comprensión y mejora", sostuvieron.
Sumado al objetivo de mejorar los procesos de evaluación de la educación y del sistema educativo en su conjunto, el proyecto propone la creación de la Unidad de Evaluación Integral de la Educación (UEIE) que dependerá del Ministerio de Educación y tendrá como finalidad contribuir a la evaluación de la calidad de la educación y del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas.
El proyecto propone además la creación del Consejo Consultivo Académico integrado por siete miembros "designados entre personas que por antecedentes personales académicos profesionales y conocimiento en la materia aseguren independencia de criterio...", dos de los cuales serán propuestos por los sindicatos decentes con mayor representación, también con mandato por cinco años y con carácter ad honorem.
"Estamos aportando una herramienta que permita construir con todas las fuerzas una ley de evaluación que tenga el mayor de los consensos. No queremos ni pretendemos una ley a lo pirro" concluyeron los legisladores.
Hernán Rossi, uno de de los diputados firmantes, aseguró: "En UNEN estamos comprometidos con la calidad de la educación de nuestros hijos. Si esa es la propuesta del gobierno porteño nos tendrá trabajando juntos. Esta herramienta va a permitir trabajar en la mejora continua de esa calidad pero solo será posible si además se realiza la inversión en infraestructura, en formación y capacitación docente que son la base que garantiza la educación pública de excelencia".
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