El fallo que ordenó abonar los u$s1.330 millones reclamados por los holdouts puede complicar el ya de por sí apretado cronograma de pagos que la Argentina tiene por delante para los próximos cinco años. Antes de la sentencia del juez Thomas Griesa, el país debía abonar u$s101.900 millones hasta 2019. Ahora, la decisión del magistrado podría llevar esa cifra hasta casi 117.000 millones si se da el peor de los escenarios posibles: que todos los bonistas que ingresaron al canje de deuda consigan que se les reconozca el derecho a cobrar lo mismo que los holdouts.
Los compromisos más difíciles se acumulan para el país en los próximos treinta meses. Según publica el diario Clarín, en lo que queda del año, el Estado nacional debe desembolsar u$s10.400 millones: u$s2.300 en junio, u$s1.200 en julio, u$s900 en agosto, u$s1.700 en septiembre, u$s1.100 en octubre, u$s800 en noviembre y u$s2.400 en diciembre. En 2015, esa cifra se elevará a u$s20.100 millones. En 2016, cuando ya esté en funciones el nuevo Gobierno, los compromisos alcanzarán el que, por ahora, es su pico máximo: u$s24.300 millones.
A partir del año siguiente, la cifra empezará a decrecer de manera paulatina. En 2017, habrá que pagar u$s19.900 millones. En 2018, u$s15.500 millones y en 2019, otros u$s11.700 millones.
El año que viene, la Argentina deberá pagar u$s20.100 millones
A esos vencimientos habrá ahora que sumarle el pago que debe realizarse por el fallo de Griesa. En principio, la sentencia establece que son unos u$s1.330 millones los que deben ser abonados a los holdouts. Aunque en los papeles el pago debe realizarse en efectivo, lo más probable es que el gobierno nacional lleve una propuesta para saldar la deuda con una nueva emisión de bonos.
Ese pago, sea al contado o con bonos, podría obligar al Estado argentino a desembolsar otros u$s14.000 millones. Debido a la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) que rige para los acreedores que ingresaron al canje, la Argentina está obligada a igualar la mejor oferta que reciba cualquier tenedor de los bonos que en su momento cayeron en default.
Hasta el momento, aún no está claro si el fallo de la Justicia norteamericana gatillará esa cláusula o, por tratarse de una sentencia judicial, exime a la Argentina de tener que cumplirla.
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