Un hombre que apuñaló fatalmente a su esposa y su pequeño hijo en 1985 fue ejecutado este miércoles en Florida y se convirtió en la tercera ejecución realizada en EEUU en menos de 24 horas desde que en abril pasado una ejecución realizada mediante una inyección letal fallara en Oklahoma y generara un arduo debate en torno a la pena capital..
John Ruthell Henry fue declarado muerto a las 7:43 pm del miércoles. Tenía 63 años, y había sido condenado a muerte por apuñalar fatalmente a su esposa, Suzanne Henry, y a su hijo de 5 años. Henry ya había cumplido parte de una sentencia por apuñalar a su concubina Patricia Roddy en 1976.
El martes, Marcus Wellons, de 59 años, recibió una inyección letal en Jackson, Georgia, después de que la Corte Suprema rechazara una apelación de último minuto. Wellons fue declarado muerto a las 11:56 de la noche. La ejecución al parecer transcurrió sin complicaciones.
Wellons fue sentenciado en 1989 por la violación y asesinato de India Roberts, su vecina de 15 años, en Atlanta.
La ejecución de Wellons ocurrió alrededor de una hora antes de que John Winfield, un preso en Missouri, también fuese ejecutado.
Nueve ejecuciones fueron suspendidas o pospuestas desde finales de abril, cuando funcionarios de la prisión de Oklahoma tuvieron que suspender la ejecución de Clayton Lockett, tras señalar que las drogas de la inyección letal no estaban siendo administradas en su vena correctamente. La ejecución se suspendió pero él murió de un ataque al corazón pocos minutos después.
"Creo que después de lo que ocurrió en la ejecución de Lockett, todo el mundo va a andar con mucho más cuidado" expresó Deborah Denno, profesora de Derecho de la Facultad de Leyes de una Universidad de Fordham y experta en la pena capital. "Ahora el escrutinio va a ser todavía mayor".
Los tres estados se niegan a decir dónde obtienen sus medicamentos, o si han sido sometidos a pruebas. Los abogados de dos de los presos condenados han cuestionado el secretismo en el proceso utilizado por algunos estados para obtener drogas de inyección letal en farmacias no identificadas y pobremente reguladas.
Florida y Missouri están detrás de Texas como los estados que más pena de muerte aplican. Texas ha ejecutado a siete este año, mientras que Florida y Missouri cinco cada uno.
El director ejecutivo del observatorio sobre la pena de muerte Death Penalty Information Center, Richard Dieter, sostuvo que las ejecuciones fueron "apresuradas". Dieter, quien se opone a la pena capital afirmó en diálogo con EFE que "las ejecuciones fueron apresuradas, deberían de haberse retrasado hasta que tuviéramos toda la información. Pero cada estado está operando de forma independiente. No hay un control nacional en este momento".
Según el director del DPIC, los departamentos penitenciarios de Georgia y Misuri, así como el de Florida deberían de haber suspendido los ajusticiamientos.
Desde que tuvo lugar la ejecución de Lockett, cuya muerte tardó más de cuarenta minutos tras la administración de la inyección letal, lo que prolongó el sufrimiento del reo, que acabó muriendo de un ataque cardíaco, no se habían practicado más ejecuciones en Estados Unidos.
"No queremos que eso vuelva a suceder y, sin embargo, no sabemos exactamente lo que pasó, en lo que se refiere a las causas", indicó Dieter.
A lo largo de las últimas siete semanas, diferentes tribunales bloquearon las seis ejecuciones que estaban previstas, incluida una que iba a tener lugar hoy en el estado de Pensilvania, mientras se iniciaban varias investigaciones para esclarecer lo sucedido en la accidentada muerte de Lockett.
"Hubo muchas suspensiones, pero no todas estuvieron relacionadas con lo que pasó en Oklahoma el pasado 29 de abril. En cada caso hubo unos hechos particulares: por ejemplo uno tenía discapacidad intelectual y otro tenía un problema físico que hubiera complicado las cosas terriblemente", explicó el director del observatorio.
Sin embargo, en el periodo de 24 horas entre el martes y el miércoles se programaron cuatro ejecuciones, de las cuales ya se han realizado tres, mientras que otra fue aplazada.
"Estas ejecuciones se llevan por delante la apertura del Gobierno a debatir sobre la pena de muerte con toda la información. Ambas implicaron secretismo sobre las drogas que se estaban usando, quién las preparó y quién participó en las ejecuciones. Y eso impide una discusión completa de este tema entre los estadounidenses", abundo Dieter.
El director del DPIC aludió en estos términos a la petición que el presidente estadounidense, Barack Obama, realizó al secretario de Justicia, Eric Holder, de analizar los métodos con los que se aplica la pena capital en el país, tras la muerte de Lockett.
"El presidente ha dicho que todo el proceso debe de ser revisado, pero la investigación prácticamente no ha empezado, así que no tenemos el tipo de información para hacer un juicio sobre si deberían de ocurrir más ejecuciones o si se deberían de aprobarse más restricciones", señaló Dieter.
"No es que hayan cambiado las cosas, aún están investigando lo que ocurrió en Oklahoma, no sabemos qué pasó. Quizás descubren un fallo en todos los procedimientos que usan los estados. Mientras tanto, puede ser que ahora los tribunales vigilen más de cerca por lo que pasó en Oklahoma", añadió el director del observatorio.
Según Dieter, cuando el presidente se refirió a la pena de muerte, apuntó a "problemas amplios", como la discriminación racial que se da en las condenas capitales o la inculpación de inocentes, por lo que consideró que las palabras de Obama "indican que la pena de muerte en sí misma necesita ser examinada".
"Ya teníamos los problemas habituales de injusticia e inculpación de inocentes y ahora tenemos uno nuevo, que los estados no son capaces de llevar a cabo las ejecuciones de una forma humana, así que creo que aún queda mucho que discutir sobre la pena de muerte en los Estados Unidos", dijo Dieter.