Reunión de urgencia en Economía para definir los pasos a seguir en el nuevo escenario

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de los EEUU de no tomar el caso argentino con los holdouts obligará al ministro a dar un giro de 360 grados. Buscará no afectar el pago de u$s900 millones que vencen del bono discount el 30 de junio

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 Télam 162
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La caída de los precios de las acciones y bonos en Nueva York y la suba del dólar paralelo al comienzo de las operaciones da cuenta de la gravedad de esta decisión reciente del máximo tribunal americano.


El próximo 30 de junio la Argentina debe pagar 900 millones de dólares del bono discount

Este, sin duda, era el peor de los escenarios que podía enfrentar el Gobierno. El rechazo de la Corte Suprema de los EEUU indica que se tendría que cumplir la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que obliga a pagar u$s1.330 millones en efectivo y a los agentes financieros que participan del pago de deuda regularizada por los Canjes I y II a retener los pagos en caso que la Argentina no cumpla e incurra en lo que en la jerga financiera se denomina "default técnico".

Al parecer, los abogados del estudio que asesora a la Argentina podrían pedir en este caso una postergación de la aplicación de la sentencia al juez de la Cámara de Apelaciones Thomas Griesa. En este caso la Argentina solicitaría que se mantenga el stay o la medida de no innovar. De ese modo el gobierno argentino podría extender el plazo.

Pero hay que destacar de acuerdo al análisis de varios juristas que siguen el caso que este es un proceso donde las sentencias se encuentran firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. Esto implica que no pueden ser revisadas ni modificadas y sobre ellas no existe ningún tipo de recurso posible, sin tirar abajo a todo el sistema jurídico estadounidense.

Otra de las posibilidades es que, como se viene adelantando desde Infobae desde hace unos meses, el ministro Axel Kicillof intente lo que en el mercado financiero llaman un "canje del canje". Esto implica renegociar la deuda nuevamente originada por los Canjes I y II con quienes entraron a esos canjes que representan un 93% del total de la deuda defaulteada y también con los fondos buitre que tienen el restante 7% con nuevas condiciones de emisión. A fines de 2014 vence la cláusula RUFO (Right Upon Future Offers) que le impide al gobierno negociar con los fondos buitres sin pagarle lo mismo a los acreedores que aceptaron entrar a los Canjes I y II con una quita del 70 por ciento.


Pero de acuerdo a lo que opinan algunos juristas que siguen el tema, esta operación podría ser vista por la justicia de los EEUU como un intento de evadir la sentencia del juez Thomas Griesa, en particular porque no se trataría de un canje voluntario de la deuda sino compulsivo, ya que implicaría una modificación unilateral de las condiciones de pago.