Cerca de un default técnico

La resolución de la Corte de los Estados Unidos es de trascendental importancia para la Argentina. Puede llevarla a un default técnico.

El rechazo al pedido de apelación podría fundamentarse en que es un tema contractual que le compete a los Estados, y no a una Corte Federal; y aparte porque no ha habido inconsistencias entre las diferentes instancias, dado que todos fallaron igual (y en forma unánime dentro de la Cámara). Este es el escenario más complejo y el que más alternativas de resolución presenta.

Una vez que se rechaza el caso, vuelve a la Cámara y al juez Griesa (de primera instancia) para que se notifique de las resoluciones finales a todas las partes involucradas. Dado que la Argentina tiene que realizar un pago de cupones del bono Discount el 30 de junio, estaríamos frente a dos posibilidades:

1. Que, a través de diversos recursos procesales, se logre posponer para después del 30 de junio el levantamiento del amparo que permitió que la Argentina continuara pagando, sin enfrentar embargos, los bonos reestructurados, mientras tramitaba la apelación.

2. Que esos recursos procesales no resulten suficientes para que el amparo no se levante antes del 30 de junio. Entonces, para estar dentro de la ley, la Argentina debería pagarle el 100% de lo adeudado a los bonistas favorecidos por el fallo (holdouts) en el mismo momento que paga el vencimiento del bono Discount ese 30 de junio (cumpliendo con la interpretación de la cláusula de pari passu del juez Griesa y de la Cámara del Segundo Distrito).

En el primer caso, la Argentina consigue más tiempo (hasta el próximo pago del Par el 30 de septiembre) para "negociar" con los holdouts e instrumentar jurídicamente algún mecanismo de pago (lo cual incluiría la derogación de la Ley Cerrojo). En el segundo caso, si decide transferir los fondos para pagar el vencimiento del Discount, la estructura de pago actual para esos fondos estaría quebrada dado que los agentes pagadores no podrían facilitarle la tarea a la Argentina, con lo que el país quedaría al borde del default judicial o técnico de la deuda reestructurada con legislación internacional. Como los bonos tienen 30 días de período de gracia, el default llegaría si en ese plazo no lo logran destrabar los fondos, lo que sólo se lograría si se arregla el pago de la deuda con los holdouts y estos desisten del embargo.

Los abogados de Argentina ya alertaron al Gobierno que lo más probable es que no alcance con negociar o pagar a los bonistas que iniciaron esta causa, sino que habría que pagar o acordar con todos los bonistas que no fueron reestructurados. Por lo tanto, no se trata de pagar o negociar por unos 1.300 millones de dólares sino por unos 15.000 millones de dólares, por lo que la negociación se volvería más larga y compleja.

Los abogados que representan a la Argentina, en el escrito que mencionamos antes, sostienen que cualquier arreglo, por más exitoso que fuese, dejaría algunos acreedores insatisfechos que podrían utilizar los argumentos de este proceso para obtener fallos favorables a sus intereses. Y, por lo tanto, sugieren que la mejor opción sería dejar que la Scotus "fuerce un default y luego inmediatamente reestructurar todos sus bonos externos de forma tal que el mecanismo de pago y demás aspectos relacionados queden fuera del alcance de los tribunales norteamericanos".

A nuestro juicio, esta sugerencia resulta algo simplista y un tanto irresponsable. Si bien la decisión de no pagar a nadie es consistente con la interpretación de la Corte de pari passu porque mantiene la proporcionalidad (0% de los vencimientos a todos), la Argentina tiene buena parte de su deuda ordenada y no es cara. No es claro que romper eso resulte por cierto conveniente.

En pocos días más sabremos si la Argentina cae en un default. Pero el default es una decisión de la Argentina, la Corte o los tribunales inferiores no obligan a que se incurra en uno. Al igual que con el Club de París, el problema principal no es que ahora se haga un mal arreglo. El problema es no haber negociado antes. El Gobierno, fiel a su estilo, tomó la decisión consciente de ir a una batalla judicial con los bonistas que no aceptaron el canje, sabiendo que eventualmente perdería.

Hoy se perciben los costos de una estrategia que irresponsablemente pateó hacia adelante una solución inevitable.

(*) Parte de este informe fue escrito hace 10 días por el autor que es director de Perspectiv@s Económicas