Tras la decisión unilateral uruguaya de autorizar un aumento en la producción de la pastera UPM (ex Botnia), el gobierno argentino anunció que revisaría la relación bilateral "ministerio por ministerio". Ahora, en el país vecino creen que ya se produjo la primera consecuencia de ese anuncio: de manera sorpresiva, las autoridades nacionales comenzaron a cobrar u$s150 a los camiones y micros que cruzan la frontera a través del puente Salto Grande.
Desde la habilitación del cruce fronterizo, el paso fue gratuito para todos los vehículos. Pero esa decisión fue revertida este fin de semana. Consultado al respecto por la prensa uruguaya, Juan Carlos Cresto, titular de la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, explicó que la decisión se tomó para evitar la competencia "desleal" con otros pasos fronterizos. En los otros dos puentes que cruzan el Río Uruguay (Fray Bentos – Puerto Unzué y Paysandú – Colón) ya se cobra ese monto a los camiones y micros.
Por ahora, la decisión no alcanza a los automóviles particulares, debido a que "el puente de Salto Grande no es un puente comercial, es una vía de comunicación social, educativa, turística y vecinal", según argumentó Cresto. De acuerdo al diario El País de Uruguay, el funcionario dijo que la medida fue tomada por orden del gobierno argentino.
De acuerdo con estimaciones oficiales, entre 70.000 y 80.000 camiones de carga atraviesan el puente Salto Grande cada año. Hasta la semana pasada, ese viaje era gratuito. Ahora, al cobrar la misma tasa de u$s150 que se percibe en los otros pasos fronterizos, podrían recaudarse hasta 12 millones de dólares.
Aunque la tensión bilateral es evidente y fue manifestada por ambos países ante la prensa, diplomáticos aún esperan poder reencauzar la relación. Este domingo, la propia presidente Cristina Kirchner recordó: "Yo hablo siempre con (José) Mujica". Pero, horas antes, la misma mandataria rechazó "la unilateralidad en la toma de decisiones" en su discurso ante el G-77 + China.
El sábado, el canciller uruguayo, Luis Almagro consideró que es "infundada" la decisión argentina de recurrir a la Corte Internacional de Justicia en la Haya para dirimir la cuestión. "Además de ser desproporcionadamente costosa, es infundada y atenta contra el principio del cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales", advirtió.
De todas formas, el diplomático se mostró dispuesto a argumentar en los tribunales la decisión de su gobierno de permitir un incremento de 100.000 toneladas en la producción de la pastera: "En el marco del Derecho y las instancias multilaterales y regionales, Uruguay estará dispuesto de todas formas a probar su razón, como ya lo hizo tanto en la Corte Internacional de Justicia como en el Tribunal Arbitral del Mercosur".
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