Las cifras son estratosféricas. En total, los nueve cheques que fueron depositados en Austral Construcciones suman más de 208 millones. La Justicia sospecha que ese era el final del supuesto circuito de lavado de dinero que comenzaba en SGI ("La Rosadita"), cuyo ex dueño Federico Elaskar fue uno de los primeros en ventilar parte del negocio.
La investigación acreditó que el dinero que salía del país regresaba en forma de bonos de deuda pública y luego liquidados en la bolsa de Rosario. Esa operación corría por cuenta de Helvetic Service Group, la empresa que según Elaskar se quedó con su financiera.
Los cheques que recibió la empresa madre del santacruceño Lázaro Báez fueron endosados entre diciembre de 2012 y abril de 2013 por Jorge Oscar Chueco, quien entonces trabajaba para Helvetic y fue acusado en un primer momento por el titular de SGI de haberlo extorsionado para hacerse del control de la compañía.
"El dinero se depositó porque se debía pagar una emisión de acciones preferidas de Austral. Eso le sirvió a Austral para cancelar pasivos financieros", indicó Chueco el año pasado a Infobae. Sostuvo en esa ocasión que la firma de Báez "era una empresa atractiva para invertir" y que desde 2012 Helvetic tiene acciones preferidas allí.
Chueco, quien negó haber presionado a Elaskar pero admitió conocer a Báez, acusó al fiscal José María Campagnoli de haber cambiado el objeto de la causa en la que investigaba la ruta del dinero.
El abogado fue aceptado como testigo por el tribunal de enjuiciamiento que juzgará en los próximos días el accionar del fiscal.
El polémico jury, iniciado a instancias de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, encontrará así en el banquillo de acusados al funcionario que develó la presunta trama de lavado ligada al poder, y entre quienes los inculparán estará el que fuera uno de sus objetos de investigación.
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