Un canje del canje, la alternativa que analiza el gobierno nacional

Entre el jueves 12 o el próximo 20 la Corte Suprema de los EEUU decidirá si toma o no el caso de la Argentina en su pelea contra el fondo buitre NML Elliott y 13 acreedores privados que tienen una sentencia favorable para cobrarle al Gobierno unos u$s1.330 millones

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Foto archivo. DyN 162
Foto archivo. DyN 162

Estas son las fechas que maneja el Ministerio de Economía (MECON) a cargo de Axel Kicillof, quien este fin de semana habría decidido enviar a uno de sus emisarios para que se sume a la delegación de legisladores encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, que se reunirán con altos funcionarios y legisladores del gobierno de los EEUU y cuya vuelta está planificada para el próximo viernes.


Por ahora no se contempla que Kicillof viaje a Washington esta semana como ocurrió en el caso Discovery, pero si hubiera que cumplir con la sentencia está la posibilidad de que el ministro viaje a los EEUU para pedir una postergación de la misma al juez de la Cámara de Apelaciones de Nueva York Thomas Griesa.


Kicillof ha declarado que "los buitres deben entrar al canje" pero los tiempos se agotan.


Fuentes del MECON manifestaron a Infobae que "no está agendado que el ministro viaje a EEUU y no se sabe aún si viajará alguien de la secretaría Legal a cargo de Federico Tea o de la secretaría de Finanzas que conduce Pablo López o solamente estarán los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton, pero quien maneja todo desde allá es la embajadora en Washington Cecilia Nahón".


Nahón además de ser una funcionaria de la íntima confianza de Kicillof también es una de las preferidas de la Presidente ya que ha oficiado muchas veces como "sherpa" en reuniones de carácter internacional.


Por su parte, el diputado por el FPV Roberto Feletti, que será parte de la delegación, manifestó a Infobae que "el objetivo de esta delegación pluripartidaria integrada por legisladores del FPV, del PRO, del Frente Renovador, es expresar que esta reestructuración de deuda no es patrimonio de un Gobierno, sino del conjunto de los argentinos y que, como tal, debe ser preservada".


Feletti además manifestó que "en ese sentido, cabe considerar que estamos ante un proceso de reestructuración que fue aceptado por casi el 93% de los tenedores de bonos y que se viene cumpliendo puntillosamente; y el esfuerzo por salir del default y, en ese marco, el plan de desendeudamiento en curso, es una cuestión de Estado el cual se viene desenvolviendo sin programas de ajuste o cualquier otra cuestión gravosa para el pueblo argentino".


Si la Corte decide tomar el caso de Argentina podría haber alivio en el Gobierno, ya que existe la posibilidad de que el plazo de pago se extienda hasta el año que viene. Esta es la posibilidad que maneja el abogado americano Paul Clemence, quien fue contratado por el gobierno argentino por sus contactos con el gobierno del presidente de los EEUU, Barack Obama.


En cambio, si la Corte Suprema de los EEUU decidiera no tomar el caso se abren dos alternativas. La primera, que es la más esperada por el gobierno argentino, es que el máximo tribunal pida opinión al Solicitor General de la Procuración de los EEUU. En este caso también existiría la alternativa de que el tema se extienda hasta comienzos del 2015. En estas dos posibilidades el Gobierno podría plantear lo que en el mercado financiero llaman un canje del canje.


Esto implica renegociar la deuda nuevamente originada por los Canjes I y II con quienes entraron a esos canjes que representan un 93% del total de la deuda defaulteada y también con los fondos buitre que tienen el restante 7% con nuevas condiciones de emisión. A fines de 2014 vence la cláusula RUFO (Right Upon Future Offers) que le impide al Gobierno negociar con los fondos buitre sin pagarle lo mismo a los acreedores que aceptaron entrar a los Canjes I y II con una quita del 70 por ciento.


Pero de acuerdo a lo que opinan algunos juristas que siguen el tema esta operación podría ser vista por la justicia de los EEUU como un intento de evadir la sentencia del juez Thomas Griesa en particular porque no se trataría de un canje voluntario de la deuda sino compulsivo ya que implicaría una modificación unilateral de las condiciones de pago.


La segunda alternativa plantea que la Corte rechace intervenir sin pedir opinión al Solicitor General. Este es el peor de los escenarios ya que se tendría que cumplir la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que obliga al gobierno a pagar u$s1.330 millones en efectivo y a los agentes financieros que participan del pago de deuda regularizada por los Canjes I y II a retener los pagos en caso que la Argentina no cumpla e incurra en lo que en la jerga financiera se denomina "default técnico".


Este podría llegar en breve ya que el Gobierno debe pagar el próximo 30 de junio unos 600 millones de dólares por el vencimiento de un bono del canje. La Argentina podría pedir en este caso también una postergación de la aplicación de la sentencia al juez Griesa, algo que en el Ejecutivo no descartan.


Hay que recordar que todo el problema se inició el 26 de agosto del 2012 luego que la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificara un fallo en el que el juez Griesa obligó a pagarle unos 1330 millones de dólares al fondo buitre NML Elliott y otros 13 bonistas que compraron bonos en default por unos 700 millones de dólares a valor nominal al aplicarse la teoría del pari passu que significa trato igualitario para todos los acreedores que entraron y no entraron a los canjes de la deuda.


Por el momento se descarta desde el Gobierno que se esté pensando pagar los servicios de la deuda reestructurada con el Canje I del 2005 y el Canje II del 2010 en Buenos Aires a través de la Caja de Valores, en lugar de pagar en Nueva York y en Europa para evitar los eventuales embargos que podrían accionar los fondos buitre.


En el Ejecutivo sostienen que es una alternativa muy peligrosa ya que se incurriría en un default técnico. El Gobierno a través del Tesoro Nacional sería el que deposite los dólares en el Banco Nación y este tendría que abrir cuentas en la Caja de Valores para los tenedores de bonos y desde ese lugar hacer los pagos al exterior. Algunos operadores del mercado financiero dicen que el Gobierno no tendría en cuenta a los agentes de pago como el Bank of New York (BONY) y a la Cámara Compensadora que es la Depositary Trust & Clearing Corporation (DTC) de los EEUU quienes forman parte del fideicomiso armado en el Canje I del 2005 para evitar embargos.


La DTC es la que recibe y hace los pagos a los tenedores de los bonos canjeados. En tanto que el BONY juega el rol de fiduciario. Una medida como esta podría acarrear graves problemas legales a esas entidades de los EEUU, que en caso de prestarse a una maniobra de este tipo podrían incurrir en un incumplimiento del fallo, ya que estas deben retener los dólares del pago.