La deuda del Estado venezolano con las 100 empresas que se adjudicaron las mayores obras de infraestructura en el país no para de crecer desde hace tres años. A causa de estos compromisos impagos, muchas de estas compañías se están quedando sin financiamiento, lo que podría derivar en la parálisis de la obra pública.
El sector más perjudicado es el ferroviario, en el que el Gobierno dio anticipos para iniciar proyectos de expansión de la red, pero luego se atrasó y dejó de cumplir con el calendario de pagos para el avance de las obras. Jaime Gómez, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), explicó que no sólo quedaron inconclusas, sino que las demoras hicieron subir los costos.
Otras importantes obras que están pendientes son la planta de cemento en el sector Cerro Azul, la autopista San Cristóbal-La Fría y el Metro de Valencia Línea 2.
A los incumplimientos del Gobierno se suma la dificultad para conseguir insumos necesarios para la construcción, consecuencia de las trabas a las importaciones y la escasez de divisas.
"El problema con el abastecimiento de productos para los proyectos está arreciando. Existen empresas que desde hace ocho meses esperan por mallas", dijo Gómez, según informó El Universal. Cemento, cabillas, alambres y cables son otros de los insumos faltantes.
El titular de la CVC sostuvo que es imperioso que la inversión en infraestructura llegue al 6 o al 7% del PIB para sacar al sector del estancamiento. Actualmente, se sitúa en un 2,5 por ciento.
En segundo lugar, Gómez recalcó la necesidad de renovar los medios de producción. Según sus estimaciones, la maquinaria es obsoleta en un 75 por ciento.
Para renovarlas, aseguró que se requieren licitaciones transparentes, que garanticen igualdad de oportunidades y condiciones para las empresas nacionales y extranjeras. También es necesario asegurar la disponibilidad de recursos para la ejecución de los proyectos por un período mayor a un año, a fin de permitir la consecución de las obras.
Una alternativa sería la promoción de capitales mixtos, a través de la asociación entre el Estado y el sector privado. "Se trabajaría con financiamiento mixto, compartiendo riesgos y beneficios", dijo Gómez, según El Nacional.
Una encuesta difundida por la CVC mostró que el 67,6% de los venezolanos estaría de acuerdo con la aplicación de un modelo de participación público-privada para la construcción y administración de vías, puertos, ferrocarriles y aeropuertos.
Sin embargo, el gobierno de
no da señales de poder resolver el problema. El ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, reconoció hace algunas semanas las dificultades en el abastecimiento de insumos, pero
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