Habló la jueza que pidió bajar la pena contra un violador serial: "Se lo inutiliza como persona"

Ana María Figueroa fundamentó la solicitud de revisión que hizo la Cámara de Casación en la normativa internacional. El agresor fue condenado a 50 años de cárcel. La defensa de una de las víctimas anticipó que apelará hasta llegar al máximo tribunal

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Ana María Figueroa fundamentó la solicitud de revisión que hizo la Cámara de Casación en la normativa internacional. El agresor fue condenado a 50 años de cárcel. La defensa de una de las víctimas anticipó que apelará hasta llegar al máximo tribunal

La Sala I de la Cámara de Casación Penal pidió al Tribunal Oral 16 de Capital Federal que revise la condena a 50 años de prisión que dictó contra Fabricio Alberto Álvarez Albarracín en 2011 tras comprobar que era un violador serial. Los jueces Luis María Cabral y Ana María Figueroa (Juan Carlos Gemignani se pronunció en disidencia) expusieron en su fallo que sentenciarlo a medio siglo de cárcel implicaba "un trato cruel e inhumano".

Este miércoles por la tarde, en diálogo con C5N, la jueza ahondó en sus argumentos. En primer lugar dijo que no había sostenido que era una condena "inhumana", pero sí consideró que contraría los principios de reforma y la readapatación de los penados que establecen las normas y tratados internacionales a los que adhiere el país. "Prácticamente se lo inutiliza como persona, no se cumple con la finalidad de la pena", indicó.

"En este caso teníamos una pena de 50 años más reincidencia, o sea que no había posibilidad de libertad condicional, de manera tal que la única posibilidad que tiene esta persona es tener la libertad seis meses antes de cumplir la totalidad de la pena", precisó. Y frente a esa situación, los jueces entendieron que el agresor "estaría en una posición mucho más grave que una condena perpetua", añadió.

Figueroa, quien detalló que el acusado cometió tres violaciones y otras tentativas que llegó a concretar, además de robos, aseguró que no están diciendo al tribunal que deben reducir la pena, sino que tome en cuenta esas cuestiones y readapte el fallo.

"Si nosotros como jueces de la Nación resolvemos por encima de lo que es la normativa internacional, ponemos en riesgo la responsabilidad del Estado en materia internacional. Y después termina demandada la Argentina por incumplimiento", observó.

Además de la jurisprudencia internacional, la jueza remarcó que la Corte Suprema fijó hasta ahora un tope de 37 años de condena máxima al resolver sobre otro caso.

La explicación de Figueroa no conformó a Débora Huczek, abogada del Programa de Patrocinio de Querellas para Víctimas de Delitos Graves, que representó a una de las jóvenes atacadas. "El tribunal fue objetivo. Y tanta objetividad le hizo abstraerse del caso concreto", se quejó.

"Disiento con la magistrada porque la pena que le hubiera correspondido es de 50 años, todo el resto es criterio", señaló la abogada, quien además rechazó el fundamento de lo dictado por la Corte ya que dijo que habría que esperar a que analice la causa de Álvarez Albarracín. Y entonces adelantó que presentará un recurso extraordinario federal para que vaya al máximo tribunal.