Un fiscal de Gils Carbó avaló con su presencia el acampe villero en el Obelisco

El fiscal Córdoba, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin, cuerpo creado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó), se presentó con dos de sus colaboradoras, la socióloga Ana Laura López y la abogada Carina Rivero, en el acampe villero instalado el 21 de abril pasado por la Corriente Villera Independiente para exigir que el Gobierno de la Ciudad declare la emergencia habitacional, sanitaria y educativa en las villas.

Los tres funcionarios fueron presentados por el integrante de una Cooperativa de Control Popular sobre la Fuerza Policial y dieron una charla en respaldo a una forma de protesta de dudosa legalidad, en la cual además incriminaron al Estado en una sistemática violación de los derechos humanos. "El Procuvin existe porque la tortura existe", dijo por ejemplo Ana Laura López, en sorprendente autodenuncia.

En un país que no tiene cifras del delito desde hace casi una década, para la socióloga del Procuvin lo realmente grave es que "no sabemos cuánta gente mata la policía". "La ciudadanía no sabe cuánta gente mata el Estado", "La ciudadanía no sabe cuánta gente mata el Estado", insistió López. "Las fuerzas policiales dan muerte a una enorme cantidad de personas –denunció–, ya sea en el marco de hechos propiamente delictivos como en hechos no delictivos, pero lo importante no es en qué contexto eso ocurre, sino que no tenemos idea a qué cantidad de personas mata el despliegue de la actividad policial; ese dato no existe, no es público".

Su colega Carina Rivero –presentada por su jefe, Abel Córdoba, como una persona "de larga militancia barrial"– no se quedó atrás en la descalificación de la policía: "Esa idea que de que hay inseguridad porque la policía no puede actuar, hay que romperla, explicando que la policía actúa: está en corrupción, en bandas, está en zonas liberadas, está en el tema de drogas, de trata...".

En una curiosa interpretación de sus deberes como funcionario público, el fiscal Abel Córdoba elogió a los villeros por mantener el reclamo, "con todo lo que tiene de costoso y desgastante", y reivindicó lo que llamó el "derecho a un territorio".

"Manifiesto y ratifico nuestro apoyo a este planteo" "Manifiesto y ratifico nuestro apoyo a este planteo", dijo el funcionario. "Para nosotros, estar acompañándolos en este reclamo (...) es una reafirmación de un modo de pensar los derechos sociales", agregó, entre aplausos de los activistas villeros que ocupan el lugar desde el 21 de abril pasado.

Al cumplirse un mes del acampe, una referente de la Corriente Villera Independiente, que lidera la protesta, dijo: "Si están esperando que nos cansemos, se equivocan, porque todos los días nos apoya más gente y eso nos da más fuerza". Es inevitable que se sientan respaldados cuando el propio Estado avala la ilegalidad de una protesta.

El fiscal Córdoba dijo que el "contacto con quienes viven estas situaciones" lo lleva a pensar que "es poco lo que uno desde órganos judiciales puede aportar". Y a continuación reconoció la superioridad de los activistas del Obelisco en la lectura de la realidad nacional: "El sistema judicial en general tiene una característica que es girar en el vacío, encerrarse en su propio discurso y creer que pensando mucho, analizando alguna situación que no se vive, se puede tener un análisis más lúcido que aquel que tiene quien padece la situación". Quizá esta visita al acampe le haya aportado respuestas a sus inquietudes judiciales.

"Uno podría decir que el Procuvin existe porque la tortura es sistemática, masiva, extensiva y persistente en el tiempo "La tortura es sistemática, masiva, extensiva y persistente en el tiempo"", denunció Ana Laura López.

"La violencia del Estado –agregó– se posa preferente y exclusivamente (sic) sobre las personas que tienen las peores condiciones sociales, económicas, habitacionales, y que son las que reciben las mayores dosis o descargas de violencia por parte del Estado".

Aclaró también que "los derechos humanos sólo los viola el Estado" y que el organismo que integra se creó para "impulsar causas donde se investiguen las responsabilidades" de la policía y los cuerpos penitenciarios, pero "también de funcionarios de mayor jerarquía que puedan tener una responsabilidad en estos hechos".

Más de uno debería poner las barbas en remojo ya que, con esta lógica, sumada a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad –como lo es la tortura–, la incriminación llegaría a los más altos niveles de la administración pública. Hace 20 años que se restableció el Estado de derecho; y hace diez que el discurso oficial habla del fortalecimiento del Estado y de la política nuevamente al mando de la cosa pública. Entonces, si es cierto que la policía y demás fuerzas de seguridad son violadores sistemáticos de los derechos humanos, habría que preguntarle a la Procuvin de quién es la responsabilidad.

Más allá de lo llamativo de que integrantes del Ministerio Público avalen la ilegalidad, la charla de estos tres funcionarios en el acampe villero parecía también un acto de autoincriminación.