El oficialismo en la Magistratura quiere echar a dos jueces que fallaron a favor de jubilados

Se trata de Luis Herrero y Emilio Fernández. Integran la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social. El kirchnerismo los acusa de "mal desempeño en sus funciones". La posible destitución sería tratada mañana

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DyN
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El oficialismo en el Consejo de la Magistratura intentará mañana destituir a dos jueces por dictar muchas sentencias para actualizar haberes de jubilados.

De esta manera, la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura considerará un pedido contra los magistrados Luis Herrero y Emilio Fernández, integrantes de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social.

El oficialismo quiere que el plenario disponga la apertura del proceso de remoción de los magistrados, así como la suspensión en sus funciones mientras se realiza el proceso. Además, presionarán para que la Magistratura acuse "por mal desempeño de sus funciones" a ambos camaristas ante el Jurado de Enjuiciamiento.

La Corte Suprema de Justicia no hizo lugar a una serie de apelación de la Anses contra una decena de medidas cautelares que, de ese modo, quedaron firmes. Herrero y Fernández son conocidos por dictar "medidas cautelares" que ordenan actualizar en un mes los haberes de la clase pasiva, sin esperar la resolución del reclamo judicial que lleva muchos años.

Ambos magistrados hacen referencia en sus sentencias a reclamos sobre los que ya se expidió la Corte Suprema, como en los casos Badaro o Ellif.

Desde la oposición denunciaron esta maniobra del kirchnerismo. El senador por la UCR y miembro del Consejo de la Magistratura Mario Cimadevilla aseguró que "la actitud del poder político (en referencia al gobierno nacional) frente a los jubilados no es nueva" porque, indicó, "niegan o no acatan fallos de la Corte en este sentido".

"La Corte en numerosos fallos ha dicho cómo deben actualizarse los haberes jubilatorios y, sin embargo, desde el poder político apelan las decisiones, tratan de alargarlas, agotan todas las instancias", remarcó.

El legislador advirtió que este tipo de estrategias planteadas desde el Poder Ejecutivo "tiene un perjuicio evidente y directo sobre la clase más desprotegida".