Mes a mes son cada vez más las denuncias que recaen sobre el chavismo por distintas violaciones a los derechos humanos. Si bien el gobierno de Nicolás Maduro continúa negando estas prácticas, diferentes organizaciones se hacen eco de estos ataques del Ejecutivo. Según lo revelado por miembros del Foro Penal en Táchira, los estudiantes son obligados a firmar una constancia en la que deben acreditar no haber sido maltratados por las fuerzas de seguridad venezolanas.
"Luego de que los muchachos han sido golpeados, agredidos o víctimas de una detención arbitraria los hacen firmar estas constancias, sin la presencia de su abogado y bajo coacción. Eso lo han hecho organismos como la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Nacional Bolivariana y la policía regional. Tenemos en muchas causas ese tipo de actas", denunció Raquel Sánchez, vocera de Foro Penal Táchira.
Según consigna El Nacional, seis personas se presentaron ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para hacer efectivas las denuncias por violación a los derechos humanos. Sin embargo, con el argumento de que dicho trámite no era de su competencia, quedó sin efecto.
Asimismo, el informe del Foro Penal también señala el caso de otras cinco personas detenidas en la localidad de Colón, municipio de Ayacucho, donde fueron obligadas a denunciar a la defensa privada.
"Esto es violatorio a toda norma de índole procesal penal", fustigó Sánchez.
La vocera del Foro agregó que desde el inicio de las manifestaciones el 4 de febrero pasado, es muy común que las fuerzas de seguridad mantengan incomunicados a los detenidos, obstaculizando la comunicación con sus abogados y hasta familiares.
"Si a usted le dicen que tiene derecho a una llamada y no se concreta, y que tiene derecho a la defensa desde el momento de la detención y no le permiten verlo a su abogado, ese derecho no es efectivo", apuntó.
Otra costumbre que está llevando adelante el chavismo durante estos meses es la confección de datos fraudulentos de los detenidos. Tal es el caso de las 12 personas detenidas en el boulevard de la Universidad Católica del Táchira. El acta labrada por la policía local señaló que se trató de un ataque a la Residencia Oficial de Gobernadores.
Hasta el momento, 282 personas fueron presentadas en tribunales de control desde el 4 de febrero. Entre ellas, 17 quedaron privadas de su libertad, mientras que cinco consiguieron la libertad plena. Otras tantas denunciaron torturas, y sus casos fueron denunciados ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.
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