La presentación –un proyecto de resolución con la convocatoria a la ministra Rodríguez– aclara que "en los últimos días" los firmantes recibieron "información acerca de intimidaciones y amenazas a testigos de la 'Causa Ciccone'", donde el vicepresidente Amado Boudou es investigado por lavado de dinero, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con su función.
El primer caso que mencionan es el del ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, quien finalmente hoy decidió abandonar el país cansada de las amenazas.
La nota de los diputados cuenta que el ex funcionario "fue abordado por dos hombres en la calle días antes de la fecha prevista para que declarara". Y subraya que fue "el cuarto testigo que en el marco de la causa declaró haber recibido amenazas".
Los otros tres casos que relata la presentación son los del yerno de uno de los ex dueños de la imprenta Ciccone, Guillermo Reinwick; el del ex socio de uno de los sospechosos, Luis Scolari; y el de una de las enfermeras que atendieron antes de su muerte a Héctor Ciccone, el fundador de la empresa.
"Este tipo de conductas intimidatorias, que buscan cercenar el funcionamiento de la Justicia, amedrentando testigos y familiares a fines de entorpecer el esclarecimiento de la causa, no pueden ser permitidas por un Estado que debe velar por la seguridad de sus ciudadanos, teniendo en cuenta la protección de testigos judiciales que pueden brindar información esencial en una causa tan sensible, dada a vinculación de importantes funcionarios públicos", concluye la nota.
La solicitud, que ingresó el miércoles con el número 3552-D-2014, fue presentado por los diputados Miguel Guibergia y Ricardo Buryaile (UCR), Pablo Tonelli y Patricia Giménez (Unión PRO), Carlos Brown (Fe), Lindo Aguilar e Ivana Bianchi (Compromiso Federal), Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco), y Jorge Valinotto (Frente Cívico de Córdoba).
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