Este miércoles, se sortearán a los integrantes de los jurados populares que se desarrollarán en la Provincia de Buenos Aires. En la previa del puntapié inicial, el diputado Guido Lorenzino destacó que con los nuevos tribunales habrá "control ciudadano de las sentencias judiciales", aunque advirtió que no necesariamente mejorará los tiempos de resolución de los expedientes.
"El juicio por jurados es importante porque hay control ciudadano de las sentencias judiciales, van a tener una legitimidad distinta. Con estos vamos a empezar a construir de apoco un consenso necesario", sostuvo Lorenzino.
En diálogo con radio El Mundo, el legislador provincial aclaró que son los imputados los que tienen la potestad para optar por el nuevo procedimiento. Es decir, no es obligatorio si no es solicitado por el acusado.
"Es la persona la que tiene la posibilidad de elegir el procedimiento, dejarlo abierto no viola ninguna garantía. Más adelante, cuando tengamos muchas décadas de practica, tal vez podamos pensar la obligatoriedad" de ese tipo de tribunales, precisó.
El diputado provincial del Frente para la Victoria descartó que, con los nuevos tribunales, las causas se resuelvan con más rapidez. "El objetivo primario no es mejorar los tiempos de la justicia, sino una transparencia y legitimidad mayor de las decisiones", dijo al ser consultado en el programa Mundo Bulat. Sobre este particular, recordó que fue creada la ley de flagrancia, que ordena una demora máxima de 90 días en los expedientes sobre delitos menores que son detectados en la vía pública.
A contramano de las críticas del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien cargó la responsabilidad sobre el poder judicial la persistencia del delito, Lorenzino señaló: "El problema de la inseguridad es una sumatoria de decisiones. Entre todos los poderes del Estado tenemos que buscar la solucion. El trabajo de la justicia es importante, pero cargar en ella la inseguridad ella es injusto".
Los jurados estarán compuestos de 12 integrantes y 6 suplentes, argentinos nativos o naturalizados de entre 21 y 75 años, y tendrán participación sólo en juicios penales que diriman penas de 15 años de condena o más. La sentencia sólo será válida cuando coincidan en el voto 10 de las 12 personas. Si resuelven la inocencia del enjuiciado, su decisión será irrevocable. Cualquier otra resolución podrá ser apelada ante tribunales superiores.
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