Un comunicado de la oficina de prensa judicial indicó que el juez Marco Tejada, del Tercer Juzgado Penal Nacional, ordenó detener a 29 personas por el asesinato de Ezequiel Nolasco, ocurrido en marzo.
La opinión pública nacional se conmocionó por la muerte de Nolasco, un ex concejal que se había destacado por denunciar presuntos casos de corrupción del gobernador, que desmentía los señalamientos.
Según el comunicado, el juez también ordenó "el allanamiento y descerraje de diversos inmuebles, a fin de garantizar la eficacia de las medidas".
Un total de 30 fiscales acompañados de grupos élites de la policía se desplegaron a diversas zonas de la provincia de Ancash para realizar las detenciones, dijo a la agencia AP el fiscal coordinador contra el crimen organizado Jorge Chávez Cotrina.
El vocero de Álvarez, Luis Arroyo Guevara, dijo al diario El Comercio que el gobernador "no pasará a la clandestinidad y sus abogados irán al Tercer Juzgado Penal". Una orden judicial en abril también prohibió a Alvarez abandonar el país.
Periodistas que acudieron hasta la casa del gobernador han informado en medios radiales que agentes de la policía llegaron a buscarlo y no lo encontraron.
En 2010, Nolasco sobrevivió a un intento de asesinato donde murió acribillado su hijastro de 24 años, pero luego dijo múltiples veces a la prensa que Ancash estaba controlada por una mafia que saqueaba las arcas públicas; mataba a quien no podía comprar, espiaba a sus enemigos; usaba a la policía como espías y a los periodistas para difamar a sus adversarios.
Según Nolasco, el gobernador Álvarez sobornaba con millones de dólares provenientes de los ingresos en impuestos dejados por proyectos mineros de clase mundial que habían convertido a Ancash en la provincia más rica de Perú.
Cifras oficiales indican que los asesinatos ejecutados por sicarios en la provincia representan el 40% de las más de 100 muertes violentas registradas en 2013. Ningún caso ha sido resuelto al momento, según el Ministerio del Interior.
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