Tras un debate que se prolongó por más de doce horas, la mayoría de los diputados respaldó la iniciativa impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, quien señaló que "queremos asegurar que cada niño, niña y joven de nuestra patria tenga derecho a recibir educación de calidad".
El proyecto fue aprobado en general pasada la medianoche en el Congreso por 72 votos a favor y 48 en contra de ella, con los sufragios de los parlamentarios del pacto oficialista de centroizquierda, Nueva Mayoría, que tiene predominio en la Cámara Baja.
La derecha opositora, que ha cuestionado duramente la iniciativa argumentando que impactará negativamente en el crecimiento del país, votó en bloque en contra del proyecto, salvo el diputado de Renovación Nacional, Gaspar Rivas que se unió a la opinión oficialista.
Este miércoles se realizará la votación detallada de los distintos artículos que considera la reforma, para iniciar luego su trámite legislativo en el Senado donde el oficialismo también tiene mayoría.
Ernesto Silva, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de la derecha chilena, había anticipado que su colectividad rechazaría la reforma "porque le hace mal a la clase media y a los emprendedores de Chile".
Las aprensiones de la derecha, que son compartidas por algunos gremios empresariales, han sido rebatidas por el Gobierno que ha insistido en que el alza progresiva del impuesto a las empresas de un 20 a un 25 % en un plazo de cuatro años sólo impactará a las compañías de gran tamaño.
La reforma considera también la eliminación de un beneficio que permite a las compañías tributar sólo por las utilidades retiradas y no las efectivas; y la derogación de un estatuto que otorga un sistema impositivo especial a las inversiones extranjeras.
Ambas normas, vigentes desde la década de 1980, como un incentivo a la inversión, han sido calificadas como "obsoletas" por el ministro de Hacienda, Alberto Arenas.
Paralelamente, el proyecto de ley establece un recorte en la tasa máxima de los impuestos a las rentas de las personas desde un 40 a un 35 %.
A través de estas modificaciones se pretende que el fisco recaude unos u$s8.200 millones adicionales, equivalentes a unos 3 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) chileno, para financiar cambios en el sistema de educación que mejoren su calidad y garanticen gratuidad en todos su niveles.