Los gremios afines al Gobierno admiten que "hay nubarrones" pero piden "sostener el modelo"

¿La administración kirchnerista oye pero no escucha? La hipotética suba del mínimo no imponible de Ganancias invita a formularse esa pregunta. Las distintas vertientes del conglomerado sindical sostienen hace tiempo este reclamo, sea a los gritos o en puntas de pies. Pero hasta acá no hay acuse de recibo.

La misma medicina probó esta semana un centenar de diputados de la oposición, que vio frustrada por falta de quórum la sesión especial a la que habían convocado para considerar este tema. El ejercicio de gimnasia partidaria de los legisladores del Frente para la Victoria frustró aquel intento, además de impedir que la cuestión salga de la órbita exclusiva del Gobierno.

La devolución de los dineros retenidos a las obras sociales sindicales (más de 20 mil millones de pesos) y la mejora de las asignaciones familiares son también otras cuestiones de las que el oficialismo no sabe o no contesta. Las mantiene encapsuladas.

"El Gobierno escucha, nos está escuchando... Lo que pasa es que tiene varios frentes abiertos, con los tironeos propios de una sucesión. Es tiempo de nubarrones. Pero al modelo hay que sostenerlo". Lo dice Ricardo Pignanelli, puntal de la central K y secretario general del sindicato de los mecánicos; una actividad que hoy paga con despidos y suspensiones el bajón del sector por la caída de la venta de autos.

En diálogo con Infobae, el líder del Smata no se aparta un milímetro de la línea argumental que presenta desde que estalló la crisis que vive su organización. Habló de la menor demanda de automóviles en Brasil y en la Argentina, entre otros factores que explicarían el parate en la actividad que se registra desde febrero, aunque excluye al Gobierno de cualquier responsabilidad por sus políticas económicas.

"Hay que pedirle aguante a los empresarios, que el año pasado obtuvieron pingües ganancias. Para julio, agosto, creo yo, el sector volverá a la normalidad", remata Pignanelli, procurando transmitir tranquilidad. Por las dudas, elaboró un proyecto en sociedad con la asociación que nuclea a los concesionarios para reactivar el mercado.

Los metalúrgicos aparecen también atravesados por el temor a enfrentarse a pérdidas de puestos de trabajo. El propio Caló, jefe de la UOM, reconoció que la rama automotriz del gremio metalmecánico "también está afectada". Dijo que el asunto sería materia de análisis en la reunión de secretarios generales adictos al Gobierno que se realizó ayer en un polideportivo que el gremio de los taxistas tiene en Capital.

Pero unas horas después, ya terminado el encuentro, el imprevisible Caló salió a decir que era más importante que modificar el mínimo no imponible, aumentar las asignaciones familiares, porque "esto alcanza a cuatro o cinco millones de trabajadores". ¿Habló en nombre del Gobierno?

Una percepción completamente distinta tienen otros dirigentes de la UOM, que ven cómo la mitad aproximada de los trabajadores del sector --los de las industrias pesadas en general-- resigna el terreno que pudieron haber ganado durante la reciente ronda paritaria. "Para salvar la ropa, necesitamos que suban el piso del mínimo no imponible a partir de los salarios de 19.500 pesos", confió a este medio el vocero metalúrgico.

Mientras, el tándem Moyano-Barrionuevo ultima los detalles de la marcha de protesta a la que convocó para el jueves de la semana próxima. El aparato sindical se movilizará hasta la Plaza de Mayo para reclamar contra la inflación, la pobreza y la inseguridad; tres flagelos que correrían de la mano, según la percepción de este sector sindical.

Será un acto sindical atípico: sin banderas sectoriales (sólo argentinas) ni tampoco oradores. Apenas si van a dar lectura a un documento con las razones de la queja. Un esfuerzo de producción de la CGT opositora para tratar de comprometer --y sumar-- a ciudadanos independientes. Habrá que ver qué papel juega el sindicalismo de izquierda, minoritario sí, pero con protagonismo en ascenso y miles de horas de vuelo en actos y movilizaciones.

Según portavoces sindicales, los mismos gremios que participaron del paro general serán los que salgan a ganar la calle, incluidos los conductores de locomotoras de Omar Maturano y los colectiveros de Roberto Fernández. Ambos sindicatos aparecen muy tironeados desde el oficialismo para que vuelvan al redil. ¿Y después de la marcha qué?

A Moyano, de 70 años, aún no se le cayó un pelo de la cabeza. Por el mismo precio, también conserva las mañas. Una de ellas es su sempiterna vocación de captar afiliados o aliados políticos en otras organizaciones que están extramuros de Camioneros. Su última aventura remite al sindicato de Empleados de la Anses, que encabeza Juan Carlos Ortega, próximo al kirchnerismo.

Moyano quería darle soporte a la candidatura de Walter Vázquez para pelearle la conducción a Ortega, que lo tenía de segundo. Pero el Ministerio de Trabajo bochó esa posibilidad por las presuntas irregularidades en las que habría incurrido la lista moyanista. De tal modo resolvió que en las próximas elecciones (4 de junio) competirá sólo la lista oficial.

"¿Qué tiene que venir a hacer el moyanismo a la Anses? Hace años que el camionero tiene un ojo puesto en el organismo. Pero no pudo penetrar ni cuando comulgaba con Kirchner, menos va a poder ahora, por más aparato publicitario que le ponga a un candidato. Que ni sueñe en pintar nuestra organización de verde", manifestó Ortega ante la consulta de Infobae.

Otro capítulo del camionero que dejó rumiando especulaciones a buena parte del sindicalismo hace foco en la solución incruenta que finalmente tuvo el conflicto de la basura en Quilmes. A muchos no les cierra que el moyanismo se retirara del combate, después de vaticinar los muertos que hicieran falta para mantener los 500 puestos de recolectores que la empresa Covelia (muy afín al moyanismo) tenía en esa comuna hasta la municipalización del servicio.

Algunos que creen conocer a Moyano dicen que el camionero esperará apenas un tiempo antes de salir a pedir el encuadre de los nuevos recolectores como camioneros.

Otro intendente que le dijo basta a la empresa sospechada de ser propiedad de Moyano es Hugo Curto; también metalúrgico como Francisco Gutiérrez, el mandamás quilmeño. El jefe comunal de Tres de Febrero avisó que el servicio de Covelia en su distrito evidenció una "merma" que lo obligó a llamar a licitación para contratar a otra empresa que se encargue de la basura.