El traspaso de la ex ESMA generó críticas de organismos de derechos humanos al Gobierno

Tras el fracaso en la sesión de la semana pasada, la Legislatura porteña logró aprobar este jueves con 41 votos positivos y 16 negativos la cesión por 30 años a la órbita de la Nación de cinco ex centros clandestinos de detención, entre ellos la ex ESMA. La decisión despertó las críticas de organismos de derechos humanos y de diputados aliados al Frente para la Victoria.

La iniciativa del PRO fue acordada el 5 de marzo entre la vicejefa de Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich. Incluye el traspaso al gobierno nacional de la administración de seis edificios dentro de la ex ESMA y de otros cuatro centros de detención que funcionaron durante la última dictadura en la Ciudad: Club Atlético, Automotores Orletti, El Olimpo y Virrey Ceballos.

La Legislatura votó también una iniciativa complementaria que disuelve el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y crea el Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria. Este último fue incluido en las últimas horas por los legisladores para llegar a un consenso y alcanzar los votos necesarios para la aprobación del expediente debido a que el planteo original del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, sólo contemplaba la derogación de la ley que creó el IEM y la transferencia de los trabajadores a la órbita nacional.

"Era el único espacio independiente y autónomo que quedaba. Me da pena que esto haya sido un gran negocio", protestó luego de la sesión Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Sobre el futuro del IEM, lamentó: "El próximo gobierno tiene carta blanca para hacer lo que quiera, incluso desarmarlo. Todo va a ser manejado partidariamente y va a perder validez ante el mundo". Y agregó: "Es una lástima, porque lo hicieron de manera inmoral e irregular. Lo van a destrozar, a disolver, y los trabajadores van a quedar desprotegidos".

Otro que manifestó su oposición fue el premio Nobel de la Paz y titular del Servicio Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, quien denunció "un nuevo pacto de PRO y los K, que quieren convertir a la ex ESMA en su búnker".

En la sesión de la semana pasada, Esquivel había apuntado contra la titular del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre. "No es más una militante en derechos humanos, sino una partidaria que quiere apropiarse de los derechos humanos", disparó.

Ni los empleados del IEM que se presentaron junto a Pérez Esquivel ni Cortiñas fueron escuchados en el recinto.

La decisión también despertó críticas dentro de los aliados al kirchnerismo. Así, Aníbal Ibarra decidió no presentarse a la sesión. En cambio, Gabriela Cerruti y Pablo Ferreyra votaron en contra.

En diálogo con Infobae, Cerruti explicó su posición. "Los que manejen temas de construcción de la memoria colectiva tienen que ser algo separado del Gobierno, lo que garantiza que las políticas puedan continuar más allá del 2015", observó.

"Las políticas se tienen que pensar más allá de quién esté en el Gobierno, porque por ejemplo si (el gobernador bonaerense, Daniel) Scioli llega a ser presidente en 2015 no sé si va a haber políticas de derechos humanos a nivel nacional", insistió la legisladora de Nuevo Encuentro. Y completó: "El kirchnerismo fue la fuerza política que más hizo desde el Estado por los Derechos Humanos, pero eso no significa que sea el único espacio político que pueda trabajar en el tema".

Cerruti también apuntó contra el oficialismo porteño. "Con el voto se avaló que Macri decida que no haya más política de derechos humanos en la Ciudad. No me extraña de él que llegó a la política admirando a (Osvaldo) Cacciatore", opinó, en referencia al brigadier que gobernó la Ciudad durante la última dictadura.

Por su parte, el hermano de Mariano Ferreyra sostuvo en su muro de Facebook: "Los argumentos sobre una gestión deficiente no pueden ser excusa para la eliminación de un organismo de estas características, sino una razón para repensar y redefinir sus funciones y estructura. De concretarse su disolución, la Ciudad perdería una valiosa herramienta en políticas de memoria y la medida implicaría un retroceso no sólo para el movimiento de derechos humanos, sino para toda la sociedad".

En cambio, Alegre defendió la iniciativa: "Lo mejor que podemos hacer es que los sitios pasen a la órbita nacional porque hay una política de Estado que va a trascender", argumentó.

"No hacemos politiquería barata con los derechos humanos, sino que trabajamos por las políticas del Estado de memoria porque fueron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner los que hicieron propias las demandas que los organismos de derechos humanos tuvieron por años y las transformaron en políticas nacionales", concluyó.

La medida ya fue ratificada por la Cámara de Senadores nacional y se prevé su sanción en la de Diputados la semana próxima.