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La Unión Cìvica Radical (UCR), representada en la Comisión de Acuerdos del Senado por Gerardo Morales y Alfredo Martínez, planteó que el kirchnerismo no cumplió con los requisitos formales exigidos para las designaciones de conjueces.
Esa Comisión, que domina el kirchnerismo, firmó el pasado miércoles en forma favorable la designación de conjueces para actuar en una docena de cámaras de distintos puntos del país y dejó pendientes los propuestos para la Corte Suprema de Justicia, que serán evaluados en una audiencia pública que se realizará el 7 de mayo.
"Hemos advertido la falta de requisitos mínimos de muchos candidatos presentados por el Gobierno", dijo el senador Gerardo Morales en diálogo con el diario Clarín.
Según los legisladores radicales, Graciana Peñafort, la abogada que colaboró en la elaboración de la ley de medios y defendió a la Afsca en la audiencia ante la Corte que definió como constitucional la desinversión del grupo Clarín, no reúne los seis años de matrícula ante el fuero federal para ser propuesta para la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Otro caso objetado por la UCR es el de Ariel Federico Giménez, asesor en el Ministerio de Justicia que dirige Julio Alak, en este caso porque su matrícula federal tiene menos de seis meses. Además, aseguran, hay candidatos que no adjuntaron ni siquiera su DNI ni el título de abogados.
Los despachos fueron refrendados por los senadores del Frente para la Victoria, pero no tuvieron el respaldo del radicalismo, ya que el bloque tiene como principio no avalar estas designaciones porque entiende que deberían ser materia de consideración previa del Consejo de la Magistratura.
En la lista que despertó el repudio de los legisladores de la oposición se encuentra Martín Ariel Magram, ex defensor de Amado Boudou en una causa en Mar del Plata, y el constitucionalista Eduardo Barcesat, letrado de Madres de Plaza de Mayo.
También figuran los letrados Alan Iud (abogado de Abuelas de Plaza de Mayo); Marcelo Buigo, quien actuó como apoderado del ministro de Planificación, Julio de Vido, en una causa por calumnias contra la fundadora de la Coalición Cívica Elisa Carrió.
Además se encuentran Carlos Alberto Cruz (uno de los defensores de la ex ministra de Economía Felisa Miceli en la causa por el hallazgo de un bolso con dinero); Nicolás Fernando D'Albora, asesor en materia de prevención de lavado de activos del Banco Central y ex defensor ante el Consejo de la Magistratura del juez tributario Javier López Biscayart, primero en investigar el caso Skanska.
La nómina la completan Roberto José Boico (constitucionalista), Norberto Federico Frontini (profesor universitario y ex secretario de la Defensoría General porteña); Raúl Gustavo Ferreyra (profesor titular de Derecho Constitucional, UBA) y Claudio Marcelo Vázquez.