Mientras se discuten los planes de adecuación a la Ley de Medios, el gobierno nacional y sus aliados volvieron a la carga con otro de sus grandes frentes contra los medios de comunicación: el caso Papel Prensa. Esta semana, funcionarios de la Procuración General de la Nación – el organismo que agrupa a todos los fiscales del país, hoy conducido en su mayoría por dirigentes cercanos al kirchnerismo – intentaron imponer al fiscal a cargo de la causa un dictamen para que se imputase a Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, por el diario Clarín, y Bartolomé Mitre, por el diario La Nación.
La Ley del Ministerio Público sancionada en 2008 establece que la Procuración General de la Nación no puede dar recomendaciones a sus fiscales para causas específicas. Pero eso no impidió que tres integrantes de la oficina conducida por Alejandra Gils Carbó le reclamaran al fiscal Eduardo Taiano que adoptara el dictamen por ellos escrito.
Esta semana, el titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat, y los fiscales de la Unidad de Asistencia para causas de DDHH, Alejandro Alagia y Guillermo Friele, solicitaron a Taiano que impute a Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, entre otros, por "extorsión" y "persecución por motivos raciales, económicos e ideológicos" en la causa que investiga la presunta venta ilegal de la fábrica Papel Prensa conseguida a partir de torturas a la familia Graiver.
Taiano tardó apenas 48 horas en rechazar el pedido. En su escrito recordó que, según establece la Constitución Nacional, los fiscales deben ser "autónomos" respecto a los tres poderes del Estado. Sostuvo además que los elementos reunidos hasta el momento en la causa "no permiten todavía considerar configurado el estado de sospecha requerido".
Los fiscales de todo el país se encuentran prácticamente divididos en dos bandos: aquellos que responden a Gils Carbó y quienes se muestran más alejados de las políticas del Gobierno. Estos últimos quedaron muy molestos cuando el oficialismo consiguió apartar a su compañero José María Campagnoli de la investigación por presunto lavado de dinero del empresario Lázaro Báez. Ahora, el pedido elevado a Taiano no hace más que profundizar el malestar: en las últimas horas, nadie logró recordar un caso en el que se intentase imponer un dictamen completo a un fiscal.
Pero a diferencia de otras ocasiones, la maniobra no intentó hacerse tras bambalinas. El dictamen "sugerido" por Auat, Alagia y Friele fue publicado a través de los principales canales de comunicación del kirchnerismo. La agencia estatal Télam, por ejemplo, publicó el jueves: "En un escrito entregado al fiscal federal Eduardo Taiano, sus pares de esas dependencias le propusieron pedir las declaraciones indagatorias de todos los imputados".
La Justicia intenta determinar si la familia Graiver fue obligada en 1976 a vender la fábrica Papel Prensa – la mayor proveedora de insumos para los diarios del país– a través de torturas y apremios ilegales. Aunque antes de la llegada del kirchnerismo al poder ningún integrante de la familia había denunciado algo por el estilo, la teoría tomó fuerza en 2010 a partir del informe "Papel Prensa – La Verdad" que fue impulsado por el ahora ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
A continuación, el dictamen que intentaron imponer al fiscal Taiano:
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