Cuba, Honduras y Venezuela integran, un año más, la "lista negra" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como los países que necesitan hacer una especial mejora. El trabajo sobre el respeto a los derechos humanos en el continente, además, hizo un particular hincapié en la situación del penal de Guantánamo y la libertad de expresión en Ecuador.
La presidente de la CIDH, la jamaiquina Tracy Robinson, presentó este miércoles el informe relativo a 2013, en el que por segunda vez consecutiva no aparece Colombia, país que conformó la lista durante 12 años hasta que fue retirada por haber permitido a la Comisión una visita "in loco" y el monitoreo internacional.
En su presentación del informe, Robinson destacó que la Comisión observó que se siguieron registrando retrasos y obstrucciones a las investigaciones de violaciones a los derechos humanos, sin mencionar países, y pidió a los gobiernos revertir este problema.
Cuba
En el caso de Cuba, la CIDH indicó en su reporte que persiste "una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia", mientras que se preocupa especialmente por la seguridad ciudadana y la independencia judicial en el caso de Honduras, un asunto que también afecta a Venezuela.
La Comisión, según su presidente, constató que la isla caribeña continúa sufriendo "restricciones a los derechos políticos a la asociación, libertad de expresión y difusión del pensamiento", a la vez que sus ciudadanos siguen sin poder ejercer el derecho al voto y carecen de un sistema judicial independiente.
La CIDH reiteró que Cuba continúa en una "situación permanente y sistemática de violación de los derechos humanos" y que hay una represión severa. También persisten las fuertes restricciones impuestas a los defensores de los derechos humanos.
En el informe, la Comisión insiste en su preocupación por el impacto del embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba sobre los derechos humanos de los cubanos, pero subraya que esto no exime al Estado de sus obligaciones internacionales de respeto a las garantías fundamentales.
Venezuela
Venezuela es objeto de consideración ante "una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana", y además padece una preocupante falta de independencia judicial.
"La Comisión ha observado de manera reiterada, en sus informes anteriores sobre Venezuela, situaciones estructurales como la de provisionalidad de los jueces y fiscales, la cual conlleva a la fragilidad del Poder Judicial y a su falta de independencia e imparcialidad, que impacta de manera negativa en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia", apunta el informe.
Honduras
Con respecto a Honduras, el organismo reitera su postura sobre una serie de "asuntos estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación que han afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes".
Robinson dijo que a la CIDH le preocupa especialmente la falta de seguridad y las debilidades en la administración de justicia, "que se evidencian en los altos niveles de criminalidad e impunidad".
A partir del golpe de Estado de 2009, apunta la Comisión, se produjeron violaciones a los derechos humanos que "afectaron gravemente a la población hondureña", cuyos efectos han continuado en algunos casos, haciendo "más compleja la situación en el país".
Por último, alerta de la situación de los defensores de derechos humanos, de la libertad de expresión y de recurrentes casos de discriminación, incluyendo las agresiones a los pueblos indígenas.
Ecuador
La CIDH recordó las "graves restricciones" derivadas de la Ley Orgánica de Comunicación sancionada por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. "En su articulado, la ley consagra algunos principios importantes para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. No obstante, al regular dichos principios, la ley establece gravosas restricciones que hacen que los principios mencionados resulten prácticamente ineficaces", apuntó el informe.
Según alerta la CIDH, la legislación "impone un número importante de obligaciones a todos los medios de comunicación, sin distinguir su formato o tamaño", y crea una entidad llamada Superintendencia de Información y Comunicación, cuyo titular sale de una terna enviada por el presidente, lo cual puede cuestionar su independencia.
Asimismo, el informe afirma que el "gobierno de Ecuador ha continuado la práctica de utilizar los medios públicos para estigmatizar de manera sistemática a organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y periodistas que han opinado o informado en forma crítica respecto a actuaciones estatales".
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