Un frente inesperado se le abrió al kirchnerismo luego de que la Corte Suprema determinara que son inconstitucionales las retenciones cobradas a una compañía porque fueron fijadas por un decreto del Gobierno y no por una ley del Poder Legislativo. Si bien se trata de una sentencia particular que no rige para todos los casos, en el oficialismo temen que provoque una avalancha de presentaciones similares por este antecedente. Por eso, ya este miércoles distintos dirigentes y funcionarios estudiaban qué impuestos fijados a través de decretos y resoluciones deben ser convertidos en ley para evitar inconvenientes.
El Gobierno siempre consideró que las objeciones que podían hacerse a los impuestos fijados sin aprobación del Congreso quedaban salvadas con la Ley de Legislación Delegada y sus sucesivas prórrogas: paquete de normativas que cede al Poder Ejecutivo una serie de facultades del Legislativo. Pero esa interpretación fue invalidada por la Corte.
La decisión del máximo tribunal de Justicia tiene, por el momento, un impacto acotado porque se refiere única y exclusivamente al caso de la empresa Camaronera Patagónica S.A. y no es extensible al del resto de las compañías ni a las retenciones fijadas por decretos y resoluciones que desde 2002 determinan las alícuotas para soja, girasol, maíz y trigo.
Los magistrados de la Corte tuvieron un voto dividido respecto al alcance del fallo. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni consideraron que la invalidez se limitaba al plazo entre marzo y agosto de 2002, cuando la tasa fue cobrada por decreto. Luego, fue convertida en ley por el Congreso. Los ministros Carmen Argibay y Enrique Petracchi, en cambio, no pusieron límites al alcance de la inconstitucionalidad. Elena Highton de Nolasco prefirió abstenerse.
De todas formas, el escrito reconoce que "en materia de comercio internacional es necesario que el Poder Ejecutivo cuente con herramientas que le permitan en forma ágil implementar políticas económicas para proteger la producción local, los precios del mercado interno o la competitividad". Pero establece que esas herramientas "deben provenir de una ley sancionada por el Congreso que establezca de manera cierta e indudable pautas claras para su ejercicio", lo que no ocurría en el caso de la empresa pesquera.
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