El juez Bonadio se defendió en el Consejo de la Magistratura

El gobierno kirchnerista quiere echar al juez Claudio Bonadio. Por eso Julián Álvarez, secretario de Justicia, hombre de La Cámpora y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, desempolvó una vieja denuncia para acusar de mal desempeño a Bonadio.

Lo acusaron de retrasar dos causas. Una vinculada al grupo económico de la familia Yoma y la otra, por el proceso de venta de la empresa Tandanor. El Gobierno avanzó contra Bonadio luego de que procesara al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y de que pidiera la captura de Ricardo Jaime por un caso de corrupción. Y especialmente luego de que llamara a indagatoria al vocero presidencial Alfredo Scoccimarro, al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y al militante de La Cámpora Rodrigo Rodríguez, todos en una causa por la pauta oficial.

La primera acusación contra Bonadio es una derivación de la causa Yoma (créditos bancarios) y está relacionada con cuatro cesiones parciales de reintegro por IVA a las exportaciones dadas en simultáneo al Banco Nación y al Macro como garantía de giros en descubierto de las cuentas corrientes.

El juez, en un extenso escrito, explicó que el mismo hecho ya había sido tratado y estudiado por Consejo en los expedientes 169/05 y 393/05 y en ambos casos se habían desestimado las denuncias, por lo que considera que el nuevo tratamiento viola los principios de cosa juzgada y "non bis in idem".

Lo acusan de haber hecho prescribir la causa. Bonadio explicó que resolvió no conceder la prescripción cuando se la solicitaron. Coincidió su opinión con el fiscal de la causa, la Cámara Federal, el fiscal del juicio oral y la Oficina Anticorrupción que actuó como querellante. A favor de la prescripción se mostró el Tribunal Oral Federal 5 donde cayó el expediente.

El juez aseguró que si se hubiera prescripto la causa, esto habría sucedido cuando estaba en estudio en la Cámara Federal.

El juez explicó que el Banco Nación tardó dos años en hacer la denuncia, el trámite de la causa se extendió aproximadamente dos años. Luego los denunciados fueron sobreseídos pero el fiscal y la OA apelaron. La causa -siempre según el descargo de Bonadio- estuvo en la cámara 15 meses, y allí habría prescripto.

En el segundo caso acusan a Bonadio de haber realizado la investigación con lentitud para que prescribiera. En el expediente se investigó la privatización de los astilleros de Tandanor, sitos en Retiro. El caso llegó a juicio y le tocó al Tribunal Oral Federal 5 que estableció que estaba prescripto antes de que se hiciera la denuncia. Bonadio señaló que los hechos denunciados son de 1993 (prescribirían en 1999) y que su ex colega el ex juez federal Jorge Ballestero llamó a declarar a algunos imputados en 2000. Luego el expediente pasó por compensación del juzgado de Ballestero al de Bonadio.

El argumento que avaló la prescripción por parte del Tribunal Oral 5 no fue no fue sostenido ni por Bonadio ni por la Cámara Federal, ni por la Sala IV de la Cámara de Casación. La Casación revisó el caso y dijo que la causa no estaba prescripta, y le ordenó al Tribunal Oral que rápidamente llamara a juicio para que no se cayera. Ante un planteo de las defensas en el juicio -según el escrito de Bonadio-; y ante un planteo de las defensas específicamente, los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani dijeron que la causa había tenido un trámite normal acorde a la complejidad de la causa, a la cantidad de imputados y a los recursos articulados por sus abogados.

Bonadio argumentó que si la causa estaba prescripta en 1999, antes que tuviera radicación en el juzgado que tiene a cargo, nunca se pudo configurar la causal de mal desempeño, porque el Estado había perdido la capacidad de perseguir penalmente a los imputados, independientemente del trámite veloz o rápido que se le hubiera dado al expediente.