Un juez ordenó al secretario Legal y Técnico Carlos Zannini informar sobre las líneas telefónicas de su dependencia y el uso de celulares de los funcionarios, en el marco de la investigación que lleva adelante contra su segundo, Carlos Liuzzi.
Es porque el juez Norberto Oyarbide confesó que Liuzzi lo llamó poniéndolo en sobre aviso que en el allanamiento que él había dispuesto el 19 de diciembre pasado en la financiera Propyme los policías habrían querido extorsionar a su dueño con 300 mil dólares, y ante esa situación frenó el operativo.
Los radicales José Cano, Mario Negri y Manuel Garrido los denunciaron a Liuzzi y Oyarbide, y el fiscal Ramiro González los imputó y pidió una batería de medidas de prueba. "Llama poderosamente la atención que un juez decida interrumpir un procedimiento que él mismo fundamentó con el solo pretexto de que una dependencia del Poder Ejecutivo ´le merece toda la confianza´", según los denunciantes.
Ahora, el juez Luis Rodríguez pidió que en el plazo de 5 días Zannini informe sobre "la totalidad de las líneas de telefonía" de la Secretaría, y si los funcionarios tienen a su disposición el uso de celulares asignados para "tareas funcionales"; en caso afirmativo, solicitó que brinde los abonados y los usuarios. El oficio fue firmado los últimos días de la semana pasada y se prevé que en breve podría estar la respuesta, informaron fuentes judiciales a Infobae.
Además, dispuso que el próximo 24 de abril los denunciantes Cano, Negri y Garrido se presenten en caso de querer ampliar con documentación la denuncia que hicieron y él investiga.
En otras de las medidas, pidió a Policía Federal, Prefectura y Gendarmería que en cinco días informe si tiene personal a su cargo que brinde custodia a Oyarbide. Lo cierto es que desde hace tiempo al juez se lo ve circular a toda hora asignado por custodios, en algunos casos llegan a cuatro personas, y aún cuando se mueve en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py. También pidió que informen si los custodios tienen líneas telefónicas celulares asignadas.
Por otra parte, Rodríguez libró oficios a todas las compañías telefónicas para que informe si tienen como abonados a Liuzzi, Oyarbide, o el secretario federal de este último Carlos Leiva, en cuya secretaría se inició la causa que derivó en el allanamiento en la financiera Propyme.
Según fuentes judiciales, el juez Rodríguez va tras la ruta de los teléfonos y los diálogos que hubo ese día. Lo que une a ambos en un mismo episodio tuvo un capítulo ya en 2012, cuando el juez Oyarbide archivó una investigación por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública en contra de Liuzzi.
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