Cómo hicieron Chile y Uruguay para ser los países menos corruptos

A siete de cada diez haitianos alguna autoridad civil o policial le pidió un soborno durante 2012, según revela la última edición del Barómetro de las Américas que realiza el Proyecto Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés), con sede en la Universidad de Vanderbilt.

En Bolivia, el segundo país más corrupto de la región para este sondeo, un 44,8% asegura haber sido víctima de cohecho. La media latinoamericana ronda el 20 por ciento.

En el otro extremo, sólo 5,8 de cada 100 chilenos se vieron expuestos a este delito. La proporción es equivalente a la de Estados Unidos y se ubica apenas dos puntos por encima de Canadá, uno de los países con instituciones más consolidadas del mundo.

No muy lejos queda Uruguay, el segundo más honesto. El 8,2% reconoció haber sido extorsionados por alguna autoridad.

El Barómetro no es el único estudio que destaca a estos dos países por sobre el resto.

"Si miramos el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que es la encuesta más completa, hay dos países que claramente despuntan favorablemente. Uno es Chile y el otro es Uruguay. Ambos están por encima de la media e incluso mejor que algunas naciones desarrolladas", dice a Infobae el abogado peruano José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, consultor internacional en políticas contra la corrupción.

Uruguay aparece en el puesto 19 a nivel mundial del ranking 2013 de la ONG, con 73 puntos (100 es el máximo posible, que supondría la virtual ausencia de corrupción). Tres puestos más abajo está Chile, con 71 puntos.

Ambos están mejor posicionados que países desarrollados como Francia, España, Italia y Austria. Les sacan casi 30 puntos de ventaja al resto de los latinoamericanos mejor posicionados, Cuba y Brasil.

Según Transparencia Internacional, los que tienen mayores niveles de corrupción son Haití y Venezuela, que apenas suman 19 y 20 puntos respectivamente.

"Curiosamente -continúa Sánchez Moreno-, Chile limita con Perú y Argentina, que tienen muchos problemas de corrupción. Una primera pregunta es cómo países vecinos, con historias comunes, terminan teniendo performances tan diferentes".

América Latina, una región corrupta

"Un problema grande es la falta de coordinación entre las distintas instituciones del Estado. No se puede tener una investigación de corrupción si no hay cooperación entre la contraloría pública, las fiscalías y el poder judicial. Si se manejan apartadas es muy difícil que un juez pueda de verdad examinar cuentas bancarias y transacciones económicas", explica Luis Salas, director del Centro de Administración de Justicia de la Universidad de Florida, en diálogo con Infobae.

"Tiene que ver con la debilidad institucional. No hemos tenido instituciones debidamente estructuradas, con un servicio civil profesionalizado. El clientelismo ha fomentado el intercambio de favores. Una burocracia ineficiente que se mueve según los turnos políticos genera nichos de corrupción muy altos, porque no ha habido tampoco un orden administrativo", dice Sánchez Moreno.

Una consecuencia de la debilidad de las instituciones es que los gobiernos pueden arrasar con ellas. Al reducir a su mínima expresión a los organismos de control, se vuelve muy difícil investigar hechos de corrupción.

La falta de autonomía del poder judicial en relación al poder político termina haciendo casi imposible que un funcionario público sea condenado por defraudar al Estado.

"Uno de los factores que más ha contribuido al desarrollo de la corrupción es la impunidad, que se genera cuando no hay sanción. Ni de las autoridades que deben investigar, como son la policía, las fiscalías y la justicia, ni de las contralorías, que son muy ineficientes, cuando no están directamente digitadas por el poder político", explica Sánchez Moreno.

La impunidad refuerza la corrupción porque los políticos deshonestas obtienen enormes ventajas frente a los que se someten a las reglas. A la larga, esa competencia desigual lleva a una naturalización de estas prácticas, que en algunos casos se vuelven casi inevitables para tener éxito política.

Cuando el Estado no cumple su función, la última instancia que queda son los controles externos. "Un factor determinante -dice Salas- es lo fuertes o débiles que son los medios de comunicación y las ONG, que son los vigilantes de la probidad de los gobiernos. Si son débiles, la cultura de corrupción va a estar muy activa".

Las claves del éxito chileno

Ante el avance de la preocupación ciudadana luego de una serie de denuncias de corrupción, en 1994 se creó una Comisión Nacional de Ética Pública para promover una profunda reforma de las regulaciones estatales. Tras meses de trabajo, propuso un paquete de proyectos que luego fueron sancionados en el Congreso.

Algunas leyes apuntaban a controlar la probidad de los funcionarios públicos, otras a garantizar la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y una específica sobre las contrataciones del Estado y la adjudicación de obras públicas.

"Lo que ha colaborado a hacer eficiente esa legislación es la Contraloría General de la República, que es independiente de todos los poderes del Estado, y que se ha comportado de esa manera. Es un organismo técnico-jurídico que está para velar por el cumplimiento de las leyes, y que puede disponer las medidas necesarias para ello", explica a Infobae el abogado Claudio Moraga Klenner, miembro del Instituto Chileno de Derecho Administrativo.

Si sólo el 5,8% de los chilenos denuncia haber sido extorsionado por las autoridades es porque sus fuerzas de seguridad tienen muy bajos niveles de corrupción.

"Si bien de tiempo en tiempo -dice Moraga Klenner- se conocen casos de cohecho protagonizados por policías, ahí no tenemos un problema importante porque los cuerpos de seguridad, esencialmente Carabineros, mantienen un estándar ético alto. En Chile no es normal que un automovilista intente sobornar a un carabinero al ser detenido, porque lo más probable es que termine preso".

Este dato muestra que la institución policial es lo suficientemente fuerte como para limitar las apetencias y las desviaciones de sus integrantes. Pero no es algo que ocurra sólo con la policía.

"Las instituciones suelen funcionar correctamente en Chile, porque tratan de dar cumplimiento a sus objetivos, a través de los instrumentos que la ley pone a su disposición", dice el abogado.

Eso permite la independencia del poder judicial frente al ejecutivo, lo cual es indispensable para que no haya impunidad. "Los tribunales en Chile -continúa- han dado muestra de estar en condiciones de parar programas de gobierno o de anular medidas que consideran ilegales o arbitrarias. Cada tanto se conocen casos de funcionarios juzgados y condenados por corrupción, lo que da una medida de justicia".

Esto no significa que Chile esté exento de irregularidades. Ningún país del mundo lo está. "Me quedan dudas respecto de áreas en las que la corrupción está más generalizada de lo que la opinión pública cree, porque los problemas no han salido completamente a la luz", cuenta Moraga Klenner.

En los últimos años,

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