Polémica por la censura de una jueza federal a Google, Yahoo y a un medio de Entre Ríos

En un polémico fallo, la jueza federal entrerriana Beatriz Aranguren ordenó el 27 de diciembre pasado que el Diario Junio y los buscadores Yahoo y Google bloqueen las notas que informan que el magistrado Julián Genaro Quevedo firmó dos solicitadas a favor de represores que participaron de la última dictadura militar. El caso despertó una ola de repudios porque atenta contra el derecho a la libertad de expresión que garantiza la Constitución Nacional.

El Tribunal Superior de Entre Ríos nombró en 2011 a Julián Genaro Quevedo como juez laboral subrogante. Su nombre todavía podía verse en una carta del año 2003 dirigida al presidente de México, exigiendo "la liberación inmediata" del represor Ricardo Cavallo, actualmente preso por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la dictadura.

Julián Genaro Quevedo también figura en una solicitada que salió un año después para brindar apoyo a los militares detenidos en ese entonces por pedido del juez Claudio Bonadio, de quienes, dice, "combatieron y derrotaron a la subversión asesina de los años 70".

Ambos datos fueron divulgados en una nota por el Diario Junio. Al margen de que su nombre efectivamente aparecía en las solicitadas, no era una locura pensar que Quevedo adhería a esos pedidos pro-dictadura: entre las firmas también hay varios miembros de su familia política, quizás porque su suegro, el general Raúl Ortiz, encabezó la represión en Entre Ríos y Bahía Blanca, y fue beneficiado con las leyes de punto final y obediencia debida que en ese momento acababan de ser declaradas inconstitucionales.

Ante este panorama, Quevedo presentó un recurso de habeas data en el que pidió que Google y Yahoo, así como Diario Junio y los portales que tienen publicadas las solicitadas bloqueen dichos artículos. Argumentó que no hay un instrumento firmado con su puño y letra que pruebe su adhesión.

Aunque el recurso de habeas data fue creado con la mirada puesta en las bases de datos, la magistrada lo consideró aplicable al caso y, en un fallo al que tuvo acceso Infobae, ordenó que los demandados "realicen todos los actos necesarios para eliminar y/o bloquear toda posibilidad de que por medio de sus buscadores pueda accederse al contenido de los blogs que poseen la información falaz respecto al accionante".

Diario Junio recibió manifestaciones de solidaridad de varios periodistas y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), además de organismos de derechos humanos. Y pese al silencio del gobierno de Sergio Urribarri, ayer el senado de Entre Ríos emitió una resolución unánime en la que todos sus integrantes repudiaron el fallo. También se presentó un proyecto similar en la otra cámara.

"Nuestra información fue oportuna. La publicamos en carácter de primicia y cuando aún no se sabía que lo acababan de nombrar juez. Se nos castigó por poner en evidencia algo que circulaba en la web hacía 10 años", argumentó en diálogo con Infobae el director de Diario Junio, Carlos Gastaldi. "Quevedo pudo haber pedido un habeas data antes de haber sido nombrado juez y no lo hizo. Lo hizo una vez que lo nombraron interinamente porque de lo contrario su futuro como tal no tenía destino ya que la constitución de Entre Ríos prohibiría su nombramiento", explicó.

Gastaldi consideró que la decisión de la magistrada "es un claro caso de cómo funciona la familia judicial". Y añadió: "El fallo es lisa y llanamente un retroceso. Tiene un claro sesgo de amedrentamiento a periodistas que se animen a publicar información que pueda afectar a personas vinculadas al poder, como es el caso de Quevedo, ligado a una familia de la dictadura militar que, pese a no haber tenido ningún antecedente que lo habilite para ese cargo, lo nombraron juez interino".

Al parecer, el tiempo le dio la razón a Gastaldi. El Superior Tribunal de Entre Ríos removió en octubre de 2012 a Quevedo por la lentitud con la que se movían los expedientes a su cargo.