"Hemos decidido suspender el tratamiento de la Ley Minera, entre tanto logremos un acuerdo y logremos concertar un proyecto de ley que esté absolutamente en línea y fundamentalmente al amparo de la Constitución", dijo el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
La cámara de Diputados aprobó días atrás la ley minera que niega a los trabajadores del sector, asociados en cooperativas privadas, la posibilidad de firmar contratos de concesión, otorgados por el Estado, con empresas privadas nacionales o extranjeras.
La norma debía ser ratificada por el Senado. Pero este suspendió su discusión tras los violentos enfrentamientos que dejaron dos muertos y 40 heridos el lunes en la región de Cochabamba (centro) entre policías y obreros que rechazan la propuesta.
Los obreros protestaron con cortes de carreteras en cuatro de los nueve departamentos de Bolivia: La Paz, Cochabamba, Oruro (oeste) y Potosí (suroeste), lo que motivó que la Policía se desplace hacia allí para restablecer el tráfico de pasajeros y carga. El lunes se anunció la muerte de una persona y el martes se confirmó la segunda.
"Hemos tenido dos fallecidos que directamente han sido, suponemos, por francotiradores, por balas de guerra en la cabeza", afirmó un dirigente de la empresa minera Kami, Ricardo Díaz, entrevistado por la radio privada Erbol.
Una fuente del Ministerio de Gobierno, que requirió el anonimato, confirmó el segundo deceso, aunque aclaró que aún se desconocen las causas.
Antes del retiro de la ley en el Parlamento, la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), hasta ahora aliada del gobierno, había anunciado que las protestas no serían interrumpidas.
"Si bien hemos llevado al presidente Evo Morales a que sea el presidente de Bolivia, así también podemos bajarlo. En ese sentido, la movilización de todas las cooperativas a nivel nacional vamos a masificarla", indicó a medios locales el líder de Fencomin, Alejandro Santos.
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