El bloque de diputados opositores pedirá ante la Corte Penal Internacional (CPI) el enjuiciamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por el "uso excesivo" de la fuerza oficial en los choques contra los manifestantes en el estado Táchira, considerados como "crímenes de lesa humanidad".
"Los detienen por estar protestando de acuerdo con las garantías constitucionales. Les simulan hechos punibles, les siembran cualquier prueba. A la mayoría los someten a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es una grave violación a los derechos humanos que constituye delitos o crímenes de lesa humanidad", dijo Walter Márquez, diputado en la Asamblea Nacional.
En este sentido, sostuvo que "con base en el estatuto de Roma que tipifica los crímenes de lesa humanidad", los diputados opositores solicitarán el "enjuiciamiento del presidente, Nicolás Maduro, del gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora" y de otros jefes militares y policiales de la región venezolana.
Según Márquez, todos ellos son los responsables de los hechos de "represión" ocurridos durante las últimas horas en San Cristóbal. "Estamos recabando las pruebas a través de una investigación multidisciplinaria para hacer la denuncia ante el organismo de la justicia penal internacional", acotó.
El parlamentario explicó que "para acudir a instancias internacionales se requieren varios elementos, entre ellos, que no sea un hecho aislado, sino que ocurran ataques sistemáticos y que se le haya causado daño a la población civil".
"Aquí hubo ataques sistemáticos y progresivos. Le causaron daños a la población civil al margen del conflicto, al lanzar bombas lacrimógenas dentro de las viviendas, causando destrozos, ahogos a niños, ancianos y personas con discapacidad; llevándose a personas detenidas dentro de sus casas, y sometiendo a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la mayor parte de los detenidos", detalló.
Márquez aseguró que "los diputados de oposición no dejarán impune los hechos ocurridos, y menos aún cuando son delitos que no prescriben".
"Se han registrado ataques de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana a centros de salud (...) viéndose afectados pacientes, médicos y enfermeras por el efecto de los gases, violándose, con ello, la Convención de Ginebra", concluyó.
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